A rebufo de Germinans

(Perico lo lladregot ) No solamente se ha robado al clero o a la iglesia. No olviden que los sacerdotes diocesanos cobran también del Estado , y por ende , nos roban a todos...parece que los tiempos que vivimos son dados a tales actos y no son mas que los efectos de una degradación moral , la cual es fruto del declive de un occidente que ha pisado sus raices y rechazado a Cristo. El catolicismo ha entrado en parada cardio respiratoria , y parece que el hedor es ya de muerto.

(Perico lo lladregot) El imperio romano cayó bajo los bárbaros , hoy se repite la historia ...nuestros políticos prometen pan y circo , mientras los bárbaros que entran por abajo de manera ilegal , roban, asesinan , violan y llenan nuestros pueblos de la media luna , que pronto se comerá a la cruz.

oriol se mete a medidor de sentimientos hoy? mire para tomarse en serio este blog o cualquier medio es menester saber quien lo dirige, con qué miembros cuenta y cómo se financia. Hacer de portera 'porque lo saben de buena tinta' cuando oyen campanas da nula credibilidad. Que quieran que se les haga caso? ya lo han conseguio en los cuatro habituales: l cientifico Garrell, el plomo impenitente, jmvg el narciso y algun otro que gusta de poner por escrito lo que le pase por su cabecita...

Se organiza, con criterio lógico-jurídico y criminológico, la información pública disponible sobre el cese de responsables en tres fundaciones asistenciales vinculadas al Arzobispado de Barcelona. Bien, no es acusación ni juicio de valor sobre la culpabilidad de ninguna persona física o jurídica. Rige en todo momento la presunción de inocencia (art. 24.2 CE; art. 6.2 CEDH), de la que se deriva una precisión técnica necesaria: quien resulta investigado no tiene el deber de probar su inocencia, sino el derecho —no la obligación— a aportar pruebas de descargo si lo estima conveniente para su defensa. La carga de la prueba de los hechos incriminatorios corresponde a quien acusa (y si lo incrimina, tiene el derecho a presentar el descargo o callarse). Este matiz se mantiene a lo largo de todo el texto.

I. Sujetos, cargos e instituciones

1. Las entidades eclesiales afectadas

Las tres fundaciones mencionadas son, según los datos disponibles, entidades de naturaleza fundacional canónica y civil, sometidas a un doble régimen:

Régimen canónico: personas jurídicas públicas o privadas erigidas por autoridad eclesiástica (c. 114 CIC), con patrimonio propio afecto a un fin pío (c. 1257), sujetas a la vigilancia del Ordinario del lugar (c. 1276) y a las normas sobre administración de bienes eclesiásticos (cc. 1273-1289).

Régimen civil: fundaciones inscritas en el registro correspondiente, regidas por la Ley 50/2002 de Fundaciones y, en su caso, por la normativa autonómica catalana (Ley 4/2008 del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña), con patronato como órgano de gobierno y representación (art. 14 y ss. Ley 50/2002).

Las entidades identificadas son:

1. Fundación Sant Josep Oriol. Titular de la Residencia Sacerdotal, fundada por el obispo Marcelo González Martín para la atención de sacerdotes mayores

2. Fundación Valldejuli. Fines asistenciales (residencia)

3. Fundación Mare de Déu dels Desemparats. Fines asistenciales (residencia)

2. Los cargos implicados

Según la información disponible, los cargos con funciones ejecutivas eran:

a) Director-gerente: función de gestión ordinaria y ejecución de acuerdos (Saturnino Rodríguez, presbítero).

b) Administrador: función de administración patrimonial (Rubén García Lozano, diácono).

Junto a ellos, la estructura estatutaria de cualquier fundación de este tipo exige la existencia de un "Patronato", órgano colegiado de gobierno con competencia para autorizar actos de disposición patrimonial relevantes (art. 21 Ley 50/2002; c. 1281 CIC para bienes eclesiásticos, que exige licencia del Ordinario para actos que excedan la administración ordinaria).

La condición de Patrono NO se ha hecho pública en la información disponible, por lo que su identificación es, por ahora, una hipótesis de trabajo y no un dato acreditado.

c) Falta la identidad de los Patronos


II. El evento: el cese

El cese o dimisión de Rodríguez y García Lozano constituye, desde el punto de vista jurídico, un acto de separación del cargo, que puede obedecer indistintamente a:

a) decisión disciplinaria del patronato o del Arzobispado ante indicios de irregularidad;

b) dimisión voluntaria anticipatoria a una investigación;
medida cautelar de gobierno mientras se sustancia la auditoría.

El cese, por sí mismo, no prejuzga responsabilidad. Es un hecho administrativo-organizativo que abre la puerta a la investigación, no una declaración de culpabilidad. Al menos por ahora.

El hecho ilícito nuclear: la venta por debajo de precio de mercado

La hipótesis manejada es la de una o varias enajenaciones patrimoniales realizadas a un precio inferior al valor real de mercado: vale 1000, vendo a 900, se pirulan 100.

Este hecho, de acreditarse, es el núcleo generador de todas las derivadas jurídicas posteriores.

Para su acreditación resultan relevantes:

a) la existencia o ausencia de tasación pericial independiente previa a la venta, principal criterio para determinar el valor de mercado acreditado;

b) la comparación entre el precio escriturado y dicho valor de mercado en la fecha de la operación, tomando el valor de referencia catastral únicamente como indicio complementario y no como criterio determinante, dado que no siempre refleja con precisión el valor real de mercado (sí, el mercado capitalista, vaya vaya);

d) la existencia de licencia canónica del Ordinario cuando el valor superase el mínimo fijado por la Conferencia Episcopal (c. 1291-1292 CIC): no sabemos nada.

c) la existencia de autorización del protectorado de fundaciones cuando la operación supere los umbrales legales civiles (art. 26 Ley 50/2002): nada se sabe


La entidad perjudicada

El perjuicio patrimonial recae, en primer término, sobre la propia fundación titular del bien, y por extensión sobre:

a) los fieles que sostienen el patrimonio eclesial mediante donativos y colectas;

b) los residentes de los centros asistenciales, cuyas aportaciones económicas sufragan el funcionamiento;

c) de forma singular, los sacerdotes residentes, cuya pensión —ya reducida— se destina en parte al sostenimiento de su estancia.

Este dato es jurídicamente relevante porque, de acreditarse el perjuicio, cualifica la gravedad de la conducta al afectar a un colectivo vulnerable (senescientes, disminuidos, dependientes, invalidos) y a fondos de naturaleza cuasi-fiduciaria.


El beneficiario inmediato: el comprador

El adquirente del bien es, en toda compraventa por precio inferior al de mercado, el beneficiario económico inmediato, con independencia de su grado de conocimiento o participación en la irregularidad.

Conviene subrayar, no obstante, que la mera obtención de un precio ventajoso no genera por sí sola responsabilidad penal ni civil: el ordenamiento exige, además del resultado económico favorable, la concurrencia de dolo o, en su caso, de una conducta ilícita concreta y probada.

Comprar barato no es, en sí mismo, delito. Aquí se abren dos hipótesis alternativas que deberá dilucidar la instrucción:

a) Comprador de buena fe, ajeno a cualquier concierto con los administradores, que simplemente obtuvo una oportunidad de mercado y frente al cual no cabría reproche jurídico alguno.

b) Comprador de mala fe implicado, que participó consciente y voluntariamente en la operación conociendo la infravaloración y, eventualmente, retornando parte de la diferencia a los administradores u a otros beneficiarios (lo que jurídicamente aproximaría los hechos a una simulación de compraventa o a un precio en documento privado no declarado).

Solo en este segundo supuesto, y previa acreditación, cabría hablar de responsabilidad.

Es metodológicamente correcto —y así lo señala la criminología de la delincuencia patrimonial compleja (white-collar crime, delitos societarios y fundacionales)— no asumir que el beneficio quedó únicamente en manos de los dos cesados.

En estructuras de gobierno colegiado, la ejecución de una venta irregular exige normalmente el concurso, activo u omisivo, de varios niveles:

a) Quien decide o impulsa la operación (podría coincidir con el director-gerente, pero también con un patrono o autoridad superior que dé instrucciones).

b) Quien ejecuta materialmente (administrador, apoderado, quien firma la escritura).

c) Quien valida o autoriza (patronato, Ordinario diocesano en su función de licencia canónica, protectorado de fundaciones en su función de autorización civil).

d) Quien tasa (perito o tasador, cuya intervención puede haber sido inexistente, defectuosa o complaciente).

e) Quien documenta (notario autorizante, cuya función es de fe pública y control de legalidad formal, no de fondo). La intervención notarial no supone control sobre la adecuación económica del precio al mercado, salvo la apreciación de indicios de ilicitud bien manifiesta.

e) El comprador, y eventuales terceros o sociedades interpuestas utilizadas para diluir el rastro de un retorno económico.

La hipótesis de una distribución no declarada de beneficios ilícitos entre varios de estos actores (comisiones, retrocesiones, pagos en efectivo, sociedades pantalla) resulta plausible en abstracto dentro de esta tipología delictiva, pero no puede darse por acreditada sin prueba documental o financiera (trazas bancarias, correos, testimonios, contabilidad paralela), porque no se tienen pruebas.

Mientras tanto, la identificación de "otros responsables" es una hipótesis de investigación, no una imputación.

Posibles cargos susceptibles de investigación (hipotéticos)

a) Miembros del patronato con voto favorable a la operación.

b) El Ordinario diocesano o el vicario correspondiente, si constase que otorgó licencia sin control adecuado (lo que abriría, en su caso, una vía de responsabilidad canónica de gobierno, no necesariamente penal).

c) El tasador o perito interviniente.

d) Asesores jurídicos o económicos de la operación.

e) El notario, únicamente en el hipotético supuesto de connivencia acreditada (su responsabilidad ordinaria es deontológica y de control formal, no de fondo del precio).

f) El comprador y personas o sociedades vinculadas a él.

Como se ve, es un rango meramente teórico.

Los ilícitos: doble plano (la venta en sí / el reparto de beneficios)

A) Ilícitos derivados de la venta infravalorada

1. Plano canónico

a) Administración negligente o dolosa de bienes eclesiásticos (cc. 1284-1287 CIC).
b) Enajenación inválida por falta de licencia o requisitos (cc. 1291-1298 CIC).
c) Abuso de oficio eclesiástico (c. 1389 §1 CIC).
d) Daño injusto al patrimonio eclesial (c. 128 CIC), que genera obligación de reparar.

2. Plano penal

a) Administración desleal (art. 252 CP) o, alternativamente, apropiación indebida (art. 253 CP): figuras que, salvo concurso real de hechos distintos, no suelen aplicarse de forma simultánea sobre los mismos actos, sino como calificaciones alternativas según la naturaleza del acto de disposición.
b) Fraude en operaciones de venta (arts. 248-251 CP), si medió engaño.
c) Malversación (art. 432 CP); su posible aplicación requeriría acreditar que concurren todos los requisitos legales de equiparación de los fondos a caudales públicos, si hubo la existencia de subvenciones públicas a las residencias.

3. Plano civil

a) Nulidad por falta de causa si el precio fue simulado o irrisorio (art. 1275 CC).
b) Anulabilidad por vicio del consentimiento o abuso de poder (art. 1301 CC).
c) Responsabilidad de los patronos por daños derivados de actos contrarios a la ley o de negligencia grave (art. 17 Ley 50/2002), con acción de reintegro del perjuicio.
d) Indemnización por daño emergente y lucro cesante (arts. 1101 y 1902 CC).

4. Plano tributario

a) Delito de defraudación tributaria si la cuota eludida supera 120.000 € (art. 305 CP).
b) Infracción por posible minoración de la base imponible en el ITP-AJD (arts. 191-195 LGT); su procedencia dependerá del tipo concreto de operación y del sujeto pasivo afectado.
c) Simulación tributaria, con facultad de la Administración de recalificar y sancionar (art. 16 LGT).
d) Responsabilidad subsidiaria del administrador por infracciones de la entidad en caso de negligencia grave (art. 43.1.b LGT).

B) Ilícitos derivados del eventual reparto de beneficios no declarados

Este segundo plano es autónomo y acumulativo respecto del anterior: aunque no se acreditase perjuicio en el precio de venta, una distribución encubierta de fondos entre gestores constituiría, por sí misma, un ilícito diferenciado.

a) Penal:
- Apropiación indebida o administración desleal en la modalidad de distracción de fondos (arts. 252-253 CP); en su caso, blanqueo de capitales si se articuló a través de terceros o sociedades interpuestas para ocultar el origen (art. 301 CP);
- Cohecho o corrupción entre particulares si hubo pago a cambio de favorecer la operación (art. 286 bis CP).

b) Civil
- Obligación de restitución íntegra (arts. 109-110 CC) y responsabilidad solidaria de quienes participaron conscientemente en el desvío.

c) Tributario
- Los fondos no declarados constituyen renta oculta a efectos de IRPF o IS, con la correspondiente infracción por ocultación (arts. 191 y ss. LGT) y, superado el umbral, delito fiscal autónomo respecto del cometido en la compraventa.

d) Canónico
- Además del abuso de oficio ya citado, resultarían de aplicación la obligación de reparación del daño (c. 128 CIC) y las normas penales generales del Libro VI del CIC relativas al abuso de oficio y a la administración desleal de bienes eclesiásticos, sin que ello prejuzgue nada mientras no exista proceso canónico. Una eventual responsabilidad disciplinaria específica de los clérigos implicados, en su caso, requeriría un proceso canónico con garantías.

El circuito criminológico de este tipo de delitos patrimoniales complejos

Desde la criminología de la delincuencia de "cuello blanco" en organizaciones (Sutherland; y, más específicamente, los estudios sobre fraude en entidades sin ánimo de lucro), el circuito típico genérico, no necesariamente el de este caso concreto, que está por determinar, sigue esta secuencia.

Resulta aplicable el esquema del triángulo del fraude de Donald Cressey (presión, oportunidad y racionalización), que explica bien la concurrencia habitual de estos tres factores en la delincuencia patrimonial de gestores de confianza:

a) Oportunidad estructural: control unipersonal o escasamente supervisado de activos de alto valor (residencias, inmuebles).

b) Neutralización: racionalización interna del acto ("es para la institución", "se compensa de otro modo").

c) Ejecución técnica: uso de tasaciones bajas, plazos de venta acelerados, o compradores vinculados.

d) Ocultación documental: contabilidad opaca, ausencia de actas, minutas incompletas.

e) Distribución del beneficio: en efectivo, mediante facturas ficticias, sociedades pantalla o pagos a terceros vinculados.

f) Detección: habitualmente por auditoría externa, denuncia interna (anonimo) o cambio de gobierno (coincide aquí con el final de mandato del cardenal Omella).

g) Las herramientas de instrucción propias de este circuito son las ya mencionadas: actas de patronato, tasaciones, escrituras, movimientos bancarios, contabilidad, correspondencia interna y vínculos entre vendedor y comprador: obviamente, hay algo que se pierde (una propiedad) y algo que se malgana (un pésimo ingreso)


Estructura hipotética de intervención (firmas, tasaciones, acuerdos)

A título de esquema orientativo, sin que ello suponga afirmar que así ocurrió en este caso, la historia dice que una operación de este tipo requeriría normalmente el concurso documental de:

a) Acuerdo de patronato autorizando la enajenación (acta con quórum y mayoría estatutaria).
b) Licencia del Ordinario diocesano, si el bien es de naturaleza eclesiástica y supera el umbral fijado.
c) Informe de tasación independiente, incorporado al expediente.
d) Autorización del protectorado de fundaciones, si la ley civil lo exige por razón de cuantía.
e) Escritura pública notarial, con intervención del notario en su función de control formal.
f) Inscripción registral de la transmisión.
g) Flujo bancario documentado del precio, contrastable con la contabilidad de la fundación.

Cualquier ausencia o irregularidad en alguno de estos siete eslabones sería, procesalmente, un indicio —no una prueba plena— de la existencia de la venta irregular alegada.

Síntesis de lo acreditado frente a lo hipotético

Datos que pueden considerarse establecidos por la información disponible:

a) Intervención de las tres fundaciones por el Arzobispado.
b) Encargo de una auditoría externa, sin cifra oficial cerrada de pérdidas.
c) Cese o dimisión de dos responsables (director-gerente y administrador).
d) Nombramiento de administradores mancomunados y apertura de investigación.

Extremos que permanecen en el terreno de la hipótesis y exigen prueba:

a) La existencia misma de precio infravalorado en cada operación concreta (se habla de varios millones pero de qué, de ingresos o de pérdidas).
d) La identidad de eventuales beneficiarios mediatos más allá de los dos cesados.
e) La existencia de un reparto de fondos no declarado.
f) La responsabilidad, en su caso, de patronos, tasadores, notario o comprador.
g) Cualquier vínculo de estos hechos con la gestión general del cardenal Omella, más allá de la coincidencia temporal con el final de su mandato.

Hasta que concluyan la auditoría y, en su caso, las actuaciones judiciales o canónicas, cualquier atribución individual de responsabilidad debe entenderse exclusivamente como hipótesis de investigación, que irá cambiando a medida que transcurran las investigaciones, y que todo al final debe de acabar en sentencia firme (no recurrible) si hay proceso judicial.

Escala de posibles fallos, de mayor a menor probabilidad en este caso concreto

Esta escala se construye combinando dos cosas:

- los patrones típicos del "triángulo del fraude" en fundaciones asistenciales, y

- los indicadores que sí son públicos en este caso (cese de dos cargos de gestión intermedia —no del patronato ni del Arzobispado—, encargo de auditoría externa, referencias periodísticas a "opacidad" y "rumores de irregularidades").

Sigue siendo, en su totalidad, una jerarquía de hipótesis de trabajo, no de hechos probados.

1. Fallo de control interno o ausencia de reconciliación entre precio autorizado y precio efectivamente cobrado. Es el más probable porque es el que mejor explica por qué se cesó a un director-gerente y a un administrador —perfiles de ejecución, no de gobierno— y no, hasta donde se sabe, a ningún patrono. Encaja con un fallo situado en la fase de ejecución, no en la fase de autorización formal.

2. Administración negligente o desleal en la gestión ordinaria (arts. 252/253 CP; cc. 1284-1287 CIC), sin necesariamente un reparto organizado con terceros. Es más probable que un esquema sofisticado de blanqueo, porque las estructuras fundacionales pequeñas suelen fallar por dejación de control antes que por ingeniería financiera compleja. La "opacidad" mencionada en la información disponible apunta más a esto que a una trama elaborada.

3. Infravaloración real del precio de venta, con o sin conocimiento del comprador. Es plausible dado que es precisamente el hecho que motivó la intervención y la auditoría, pero su magnitud y su carácter deliberado (frente a una tasación simplemente defectuosa o desactualizada) siguen sin poder determinarse con los datos públicos.

4. Distribución no declarada de beneficios entre los dos cesados exclusivamente (sin terceros). Es más probable que una red amplia de cómplices, por la misma razón criminológica: cuanta más gente participa, mayor es el riesgo de detección y menor la probabilidad estadística de que el esquema se mantenga oculto durante tiempo. Un reparto bilateral es estructuralmente más simple y más frecuente en la casuística de este tipo de delitos.

5. Implicación consciente del comprador en una simulación de precio. Posible, pero de menor probabilidad relativa mientras no haya indicios de vínculo entre comprador y vendedores (sociedad interpuesta, relación previa, patrón de operaciones repetidas). Sin ese dato, la hipótesis del comprador de buena fe sigue siendo, estadísticamente, la más razonable por defecto.

6. Complicidad de un patrono o de la autoridad diocesana en sentido estricto (más allá de una supervisión insuficiente). Menos probable con los datos actuales: el patrón habitual en este tipo de escándalos es que la autoridad superior actúe tras la detección (encargando la auditoría, cesando a los gestores), lo cual es más compatible con una falla de supervisión que con una connivencia activa.

7. Blanqueo de capitales o cohecho estructurado con sociedades pantalla. Es la hipótesis menos probable de las contempladas en el documento. Requiere un nivel de sofisticación y de recursos que no suele darse en fundaciones asistenciales de tamaño medio, y no hay ningún indicio público que apunte en esa dirección; se incluyó en el catálogo por exhaustividad jurídica, no porque el patrón del caso la sugiera.

8. Malversación por naturaleza pública de los fondos (art. 432 CP). Es la hipótesis más débil de todas: exige acreditar equiparación de los fondos a caudales públicos, y no hay ningún dato disponible que indique que las residencias afectadas recibieran subvención pública relevante ligada a estas operaciones concretas.

Esta jerarquía de posibilidades es reversible en cuanto avance la auditoría: cualquier dato nuevo (por ejemplo, la aparición de una sociedad compradora vinculada, o la constatación de que el patronato sí conocía y aprobó la rebaja) desplazaría de inmediato hipótesis hoy situadas en los puestos 5-7 hacia los primeros lugares y todo variaría. Ahora son palos de ciego pero dentro de un círculo de sospechas racionalmente estructuradas.

Lo tragico de todo esto, es que precisamente Mn. Nino entró detrás del anterior director, un laico que ya robó una cantidad importante de euros en la Residencia Sacerdotal y en la de l´Hospitalet de Llobregat. Desconozco la de Horta, creo esa era llevada por unas religiosas anteriormente.
Las fundaciones tienen un director, un gerente, y unos patronos que por segunda vez por lo que se ha visto no controlan nada y no se enteraban de nada.
Otra cuestión es el Arzobispo y sus inmediatos colaboradores que por lo que se ve tampoco controlan esas fundaciones y a sus responsables nombrados por ellos.
El Cardenal Jubany cada martes despachaba con el administrador diocesano. Estaba al corriente e informado de todo lo que ocurría administrativamente hablando.
El papa actual cada semana recibe en audiencia privada y despacha con los responsables de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano cuya responsable actual es una religiosa.
También despacha con el responsable del patrimonio de la Santa Sede que es un salesiano.
Udes. creen que esto se hace en Barcelona, donde a veces pasan semanas que ni se reúne el Consejo Episcopal.
Y ahora se extrañan de que haya ocurrido todo esto.
De la nota oficial del Arzobispado llama la atención que no nos dan el nombre y apellidos de los nuevos responsables que han sustituido a los cesados.
Esperemos que serán buenos profesionales y estarán auditados desde el primer ejercicio fiscal a su cargo.
Y no amigos de…, cuñados de…, pelotas de turno, primos, conocidos, o algo por estilo.
Porque dentro de un tiempo volveríamos a estar en las mismas.

Pues anda que si el Clero solo se limita a que nos
amemos los unos a los otros sin predicar los espectaculares y milagrosos castigos divinos, este Clero hace aguas, el mismo "amor" que predica es un pez que se muerde la cola, deja bien contentos a los anticristianos por tratarlos demasiado bien. Recemos para que la pentápolis solar de estos veranos caiga sobre la gente mala y que se libren de ella la gente buena, amén.
-------Sobre el funcionamiento de las instituciones eclesiásticas ya lo he dicho repetidamente que falta su estilo de empresa civil, con la patada al pompis a quienes no cumplen los requisitos y especialmente a los cismáticos de Alemania.

Señor anónimo de las 0:54, usted confunde lector con comentarista. Mal andaría Germinans si su virtud residiese sólo en sus comentaristas. Y, por cierto, contra el severo veredicto de la vox pópuli, he aprendido a sacar provecho de los interminables comentarios (siempre infinitamente más largos que el artículo que los origina) de nuestro "generoso" documentalista. Tiempo hubo en que me los saltaba sin más. Pues eso, que no confunda usted, señor comentarista, a éstos con los lectores. Son dos categorías distintas.

Y ya que los nombra, mis respetos para el científico jmvg (ha cambiado usted los adjetivos) y mi respeto para el plomo impenitente Garrell. He de decirle que, después de todo, me cae simpático y lo leo siempre con respeto. Y con respeto lo trato, si alguna vez respondo a sus comentarios.

Un lector asiduo, que rarísimamente comenta.

Se le dijo a un eminente cargo diocesano que antes que todo esto estallara el Sr. Cardenal convocara una rueda de prensa, porque era mejor anticiparse al escándalo mediático y ser muy transparentes. ¿Se le sugirió a su Eminencia Rvda. esta posibilidad? Lo desconozco. Pero hay muchos desmanes por parte de gente muy incompetente al cargo de la economía diocesana. Todo va en manos mediocres. Sólo se mira el servilismo y la fidelidad al superior. Y así nos va. Al Sr. Cardenal no le cuentan todo. Y tiene a sus auxiliares demasiado ocupados. O bien son hombres teóricos, intelectuales, pero carentes de demasiado sentido práctico de gobierno pastoral.

Estás holas de calorrrr.....

Y los desaprensivos celebrando Prides y demás satanismos, en vez de pedir perdón y arrepentirse ante Dios Omnisciente.

Estamos apañaos.

Me sorprende, carísimo Oriol, su sorpresa. Usted, que conjuga de maravilla el foro con la prensa. Uno, que cumple muchísimos años, ha visto cómo el director de la jesuítica Hechos y Dichos copiaba inverecundiamente un artículo de L´Obervateuer pensando que en aquella España de los sesenta nadie leía. Personalmente puedo relatarle un estilo de proceder que se cumple a rajatable. Te copian, ¿Y?. Primero lo niegan (sea El País, La Vanguardia, etcétera.). Ellos, responden con énfasis, "no copian". Pues, sí copian. Luego te dicen que han consultado tu misma fuente. Cuando desmientes que la fuente es tu investigación, reponen que no hay para tanto. Y al insistirle que citen ellos tu medio donde has publicado lo publicado, te dicen que no hay para tanto y por qué no nos tomamos unas cañas. Y eso vale aun que haya una ilustración por medio.

Y por supuesto que te leen. Vaya si te leen. Por muy iletrados y sectarios que sean. ¿Verdad Omella? ¿Verdad, Planellas?. Basta fijarse en el comportamiento posterior. Vives no ha vuelto a citar su falso doctorado. Muchas veces piensa uno cui prodest? Si no irá contra la Iglesia su crítica acerba. Pêro en seguida se levanta. Mira uno alrededor y ve cómo el asesino de niños y ancianos con sus leyes infames entra bajo palio en la Sagrada Familia --hay muchas formas de servirse del palio-- con el visto bueno de clérigos y no aguanta más. ¿Por qué no señalan los obispos a Illa? ¿Por qué no denuncian a Junqueras? ¿Por qué no predican la fe? La fe del Hijo de Dios, la que predicaron Pablo y Silas?. La del evangelio de Mateo de hoy?

ç

Totalmente de acuerdo con el Sr. Valderas Gallardo.

Aquí el tema es que se han cargado a estos dos disparando balas desde el arzobispado y les han hecho la cama. La presunta mafia del departamento de economía Mn. Ramón Batlle y su pretoriano Pere Domínguez, que señala a los sacerdotes que no son de su cuerda o aumenta por 5 los alquileres a personas trabajadoras. Solo buscan la rentabilidad y hacerse con el control de todo y qué casualidad que ahora se especializan también en residencias, ahora que las han arreglado van y se las arrebatan calumniando sus nombres. Sería bueno que investigarán por posibles irregularidades la Fundación donde es patrón Mn. Ramón Batlle a lo mejor nos llevamos sorpresas o los presuntos sobornos del Sr. Pere Domínguez a según qué ayuntamientos para que les den licencia de actividades a cambio de locales de manera gratuita para comercializar y no se le trunquen sus negocios turbios.
Que está pasando ? Tienen ataque de cuernos porque el Sr. Pere Domínguez no fue elegido coordinador de la Curia como lo habían propuesto los obispos.
Ay que se les ha cogido con el carrito del helado. Ahora toca que investiguen al departamento de economía que seguro salen muchas muchas sorpresas.