La
sociedad ha mantenido un debate apasionado, que todavía colea, sobre la licitud
y la conveniencia de “administrar” la eutanasia a Noelia, la joven parapléjica (25
años) que decidió por sí misma esta opción contra la voluntad de sus padres. Y
la Administración, obviamente, se pronunció a favor de Noelia. ¿Por creer en la
libertad individual? No es esa su inclinación. Lo hizo por su fe ciega en la
eutanasia, venga de donde venga.
Un
debate que ha adquirido una dimensión más seria, en un momento en que se están
disparando los suicidios y las enfermedades mentales en edades cada vez más
jóvenes, que empujan a ponerle fin a una vida para cuya continuación le
flaquean las fuerzas al enfermo (a cuenta de esto, hay quien califica el hecho
de “suicidio asistido”, por acogerse a otra ley). Y aquí viene el vital rol
tutelar de los padres, que de hecho reasumen la responsabilidad que tuvieron
con sus hijos cuando eran menores y no habían alcanzado la madurez que les
permitiera decidir por sí mismos.
El
meollo del debate es a quién le confiamos nuestro destino en momentos de
gravísima crisis: ¿Al Estado o a la familia? Bueno, resulta que a los padres sí
que les importa la vida de sus hijos, porque son capaces de compasión (de
compartir las pasiones, tanto las gratificantes como las mortificantes). Frente
a ellos (y a veces, en dura competición) se nos ofrece el Estado con sus múltiples
instituciones: legislativas, administrativas, sanitarias, educativas, judiciales,
policiales, culturales, etc., intentando acaparar todos los ámbitos de nuestra
vida. Sin sentimientos, porque no es lo suyo. Para el Estado, obviamente, los
ciudadanos (tratados como colectivo, como masa) representan un valor numérico: finalmente,
estadístico. Para el Estado, un ciudadano es irrelevante, porque lo irrelevante
es su número: es sólo uno. Para la familia, en cambio, el uno, cada uno es
absolutamente vital, es único: lo es todo.
La ministra de Sanidad, Mónica García
En
efecto, lo que le preocupa a toda Administración es la globalidad. Ahí tenemos
la enorme diferencia entre ser miembros de un Estado (insensible: preguntad a
Hacienda) o de una familia, en la que los sentimientos cuentan. La familia es
insustituible para articular una sociedad ordenada. En la familia, cada miembro
es insustituible, y se lucha a tope por él. Para el Estado, en cambio, un
número sustituye al otro. Para el Estado, el peso estadístico de Laura es
absolutamente irrelevante. Para el Estado somos estadística.
Creo
que es imprescindible situar el debate en la dicotomía Familia/Estado, porque
es ahí donde se clarifica todo definitivamente. Las leyes son las leyes, y los
padres son los padres. La ley y sus representantes, llegan pronto al límite.
Los padres, en cambio, y el resto de la familia, son capaces de desplazar esos
límites hasta niveles increíbles. Es la diferencia entre tratar números y
tratar personas. En efecto, los números no llevan carga emocional. Las
personas, sí. Y si vamos a la carga moral, nos topamos con la “razón de
Estado”, tan inclinada a saltarse la moral. De ahí que la nueva “moralidad” que
imponen las leyes, se lleve tan mal con la que ha cultivado siempre la familia.
Y esto se nota muy especialmente cuando se trata de disponer de la vida de los
miembros de la familia o del Estado. Es el caso evidente de la figura
“sanitaria” de la eutanasia forzosa.
Y
es ahí donde damos con un hueso durísimo de roer. La eutanasia de Noelia que
tantos ríos de tinta ha movido, no es ni de lejos la imagen actual de la
eutanasia en España. No es Noelia, en absoluto, la que más nos duele. Son
Natalia, Laura, Jaime, Luis, Amparo y tantos miles (sí, miles) de enfermos
condenados cada año por el hospital, por el médico o por el sistema sanitario
(intenta diluirse la responsabilidad), a una eutanasia forzada y piadosamente
cubierta bajo el manto de los “cuidados paliativos”; son estos casos tan y tan
frecuentes, los que han de remover nuestras conciencias hasta lo más hondo.
Porque estos casos, que se han convertido en nuestro pan de cada día, son la
evidencia absoluta de que la eutanasia ha adquirido carta de naturaleza en
España, llegando a convertirse en el “tratamiento” estándar cuando el enfermo
terminal (eso de “terminal” no deja de ser un concepto eminentemente
administrativo) ha de dejar la cama libre para aliviar la tremenda presión de
las listas de espera sobre el sistema sanitario.
Lo
más grave, desde el punto de vista de la moral colectiva, es que la
responsabilidad de la decisión de “eutanasiar” al enfermo, se le hace asumir a
la familia mediante la figura esa del “consentimiento informado”. El familiar
(cuando no es el mismo enfermo) ha de firmar una declaración en la que afirma
que, exhaustivamente informado de las ventajas y riegos del “tratamiento”, lo
acepta plenamente, librando así de responsabilidad a los auténticos
responsables del desenlace buscado: el médico y la institución.
Es
obvio que, por muy “avanzados” que sean nuestros Servicios de Salud, y por
mucha perspectiva social que tengan, los presupuestos no son ilimitados. Es
evidente, por otra parte, que desde que se crearon y se dimensionaron nuestros
Servicios de Salud hasta el presente, no ha parado de aumentar la población de
edad avanzada: una población que requiere multiplicar los recursos sanitarios
puestos a su disposición. A lo que hay que añadir el gran número de usuarios de
esos servicios, que no cotizan para sostenerlos. Es evidente la tensión
económica que sufren esos servicios que en teoría han de atender a todo el que
acuda a ellos: porque la ley dice que todas las personas que viven en España,
sean ciudadanos o no, tienen derecho a la sanidad pública (y la privada, evidentemente,
alcanza a lo que alcanzan las cuotas).
Y
aquí llegamos a la inevitable “eutanasia forzosa” (o forzada, tanto como los
trabajos forzados: prohibidos, por cierto). No es ningún género de mala
voluntad lo que empuja al sistema sanitario a un número ya escandaloso de
eutanasias forzadas. No es la mala voluntad ni la gestión deficiente lo que
empuja al sistema a recurrir tan exageradamente a la eutanasia, sino la
limitación de los recursos disponibles.
La
realidad más frecuente es que no sea el deseo de aliviar los sufrimientos del
paciente, sino la necesidad que tiene el hospital de dejar la cama libre para
otro paciente, lo que induce a mandarlo a su casa, aunque ni se valga por sí
mismo, ni tenga familia que le supla esa deficiencia; o a ofrecerle la
alternativa de pasar a “cuidados paliativos” que, en multitud de casos, no pasa
de ser un eufemismo de la eutanasia sin más.
La
disyuntiva en que se encuentra el enfermo (y su familia) es la de aceptar la
condena a quedarse sin la atención médica del hospital, sin la cual ya no tiene
posibilidad de seguir con vida, o aceptar que el mismo hospital lo eutanasie recurriendo
a la solución de los “cuidados paliativos”. Y resulta que, con una frecuencia
escalofriante, los afectados eligen la eutanasia (¡la buena muerte!). Porque,
en realidad, el sistema no les ofrece otra alternativa.
Virtelius Temerarius
