La noticia ha pasado casi desapercibida, envuelta en el merengoso celofán de la “solidaridad” y el “compromiso social”, palabras mágicas que hoy sirven para justificar cualquier cosa, incluso lo que hace apenas dos décadas habría provocado un terremoto en las diócesis catalanas.
Según ha publicado eldiario.es, la Iglesia catalana y el Govern de la Generalitat han pactado destinar inmuebles eclesiásticos a vivienda social. Una operación presentada como un gesto magnánimo, casi heroico, de una Iglesia que quiere “estar donde está la gente”, entregando gratuitamente el uso de sus inmuebles para vivienda social (problema que la presión inmigratoria convierte en perentorio), cosa que gestionará el catoliquísimo abortista Salvador Illa. Como la construcción de viviendas sociales siempre ha sido un camelo socialista, el Govern ha encontrado a los tontos útiles que le solucionarán la difícil papeleta. Simplificando: como la Iglesia catalana se está quedando sin curas y sin esperanza de que tengan relevo los que se van muriendo, la Conferencia Episcopal Tarraconense ha decidido poner las viviendas de los curas a disposición del Gobierno de la Generalidad. A esto hemos de añadir el nuevo invento de la agrupación de parroquias en nuevas unidades pastorales, con lo que se liberan aún muchas más viviendas de sacerdotes.
El cura realquilado: la nueva figura del clero catalán
La imagen es tan triste como elocuente: sacerdotes viviendo como realquilados en un cuartucho de alguna macroparroquia, sin llegar a formar comunidad, compartiendo cocina y baño con los demás, sin un espacio propio, sin independencia, sin la mínima dignidad que durante siglos se consideró necesaria para ejercer el ministerio.
No es una exageración. Es la consecuencia lógica de ceder —o “poner a disposición”, como dicen los comunicados episcopales— las viviendas parroquiales. Si no hay casa, no hay cura residente. Y si no hay cura residente, la parroquia deja de ser parroquia para convertirse en un centro de culto atendido a salto de mata, hoy por un sacerdote, mañana por otro distinto, agotados de dar tumbos arriba y abajo, para incrementar al máximo su productividad sacramental, al objeto de mantener la entelequia de que todavía queda algo. ¿De verdad alguien cree que así se evangeliza?
Los obispos, benefactores sociales… con bienes ajenos
Lo más llamativo es la actitud de los obispos. Parecen convencidos de que, entregando patrimonio eclesiástico, lograrán congraciarse con unos políticos que los desprecian abiertamente. Como si cediendo las casas rectorales, a cambio, les perdonasen la existencia. Como si quisieran demostrar que ellos también saben ser “útiles” en la agenda social del momento.
Sin embargo, la realidad es más cruda: los obispos ceden bienes que no son suyos, sino de las parroquias, acumulados durante generaciones por la fe y el esfuerzo de los fieles. Y lo hacen sin un plan pastoral, sin una visión de futuro, resignados a un cierre inapelable, sin preguntarse qué quedará de la Iglesia cuando ya no haya sacerdotes viviendo entre su gente.
Una Iglesia que parece haber tirado la toalla
Este pacto es, en el fondo, la confesión más clara de que los obispos dan la batalla por perdida. No creen que vaya a haber más vocaciones al sacerdocio. Por eso mismo han renunciado a buscarlas, pues han perdido la fe y la esperanza. La Conferencia Episcopal Tarraconense no cree que las parroquias puedan revivir. No creen sus obispos que el sacerdote deba estar en medio de su comunidad. Y, sobre todo, no creen que la Iglesia tenga algo propio que ofrecer. Por eso buscan desesperadamente un papel, aunque sea secundario, en el teatro político. Aunque sea a costa de diluirse en la nada, los obispos quieren ser vistos como colaboradores sociales, gestores de pisos, como una simpática ONG de proximidad.
Y mientras tanto, incapaces de afrontar lo esencial
Lo más paradójico es que esta generosidad con los bienes materiales contrasta con la absoluta parálisis para afrontar los problemas internos más graves. Los mismos obispos que entregan sin pestañear casas rectorales a Salvador Illa, esos mismos obispos son incapaces de actuar con firmeza ante los abusos cometidos por algunos sacerdotes. Incapaces de asumir responsabilidades. Incapaces de ejercer autoridad moral: pues, como perros mudos, callan ante la repugnante perversidad del mismo gobierno y de la sociedad.
Parece que nuestros prelados esperan que, regalando patrimonio, la sociedad les perdone su ineptitud en este ámbito. Pero la realidad es que ni los políticos ni la opinión pública se lo agradecerán ni se lo perdonarán nunca. Y mientras tanto, la Iglesia pierde bienes, pierde presencia y, sobre todo, pierde credibilidad; ya que, renunciando a predicar el Evangelio, se han convertido en aquella sal que, perdido el sabor, será arrojada al suelo para que la pisotee la gente.
Cuando se entrega la casa, se entrega la misión
La cesión de las viviendas parroquiales no es un gesto aislado. Es un síntoma. El síntoma de una Iglesia que ya no cree en sí misma, que renuncia a su misión pastoral para convertirse en un actor social secundario. Una Iglesia que prefiere quedar bien con el poder antes que cuidar de sus comunidades, que sacrifica el futuro del clero y de la Iglesia que les ha sido confiada a cambio de un aplauso efímero.
Cuando una diócesis entrega la casa parroquial, entrega también la posibilidad de que haya un párroco. Y cuando entrega eso, entrega la vida de la parroquia. Y cuando entrega la vida de la parroquia, entrega la fe de su pueblo.
Quizás algún día se den cuenta de lo que han perdido. Pero para entonces, ya no quedará nadie para recordárselo. La comunidad parroquial habrá desaparecido y nuestros prelados tendrán otro inmueble disponible para uso social, porque esto es sólo el principio. Parroquias sin cura, curas sin casa y obispos sin rumbo. La gran renuncia episcopal será el epitafio de su sepultura.
Juan Prats Ferrer
