Estamos sufriendo la conducta acongojada de unos pastores que, siguiendo la consigna del mantenimiento del buen nombre por encima de todo, han obviado y, a veces, camuflado cierto número de pecados muy graves de algunos de sus clérigos según la calificación moral que le corresponde a la Iglesia, y de delitos de diversa gravedad penal según la calificación jurídica. Delitos de los que ahora tiene que responder también económicamente. Son delitos que constituyen la parte más grave de la corrupción moral y que, por la infinita misericordia de Dios, no se acercan, ni de lejos, a las cifras astronómicas que se han divulgado, por el fraudulento sistema de la proyección estadística. Es justamente el inducido retraimiento de nuestras autoridades eclesiásticas, el que las ha llevado a aceptar ese acuerdo abusivo y asimétrico respecto a las indemnizaciones.
En efecto, el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) para articular un sistema extrajudicial de reparación a víctimas de abusos prescribe un cambio profundo en la relación entre Iglesia y Estado. Presentado como un gesto de responsabilidad moral, el pacto encierra una arquitectura jurídica y política que no puede analizarse con ingenuidad. Lo que se exige a la Iglesia no se exige a ninguna otra institución del país, y lo que la Iglesia concede ahora puede convertirse en un precedente de consecuencias imprevisibles.
El texto del acuerdo, tal como lo describe Infovaticana, establece un procedimiento para atender casos prescritos o sin recorrido judicial. Hasta aquí, la intención parece loable. Pero el mecanismo diseñado rompe principios esenciales del derecho: presunción de inocencia, contradicción, carga de la prueba y posibilidad de defensa. En cualquier ámbito civil, la prescripción cierra el caso; la muerte del presunto agresor impide cualquier procedimiento; la ausencia de juicio impide declarar víctimas y culpables. Aquí, sin embargo, se pide a la Iglesia que renuncie a esas garantías y que acepte como víctima a quien denuncia; y la acepte sin juicio, sin prueba contradictoria y sin posibilidad de defensa por parte del acusado.
No existe en España un régimen equivalente aplicado a partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas, empresas o asociaciones. La Iglesia queda sometida a un marco excepcional que la sitúa en una posición jurídica inferior al resto de actores sociales. Y lo más llamativo es que esta excepcionalidad no nace de una ley —que podría discutirse, recurrirse o enmendarse— sino de un acuerdo firmado por la propia institución eclesial. Es decir, la Iglesia católica en España acepta voluntariamente un trato que ninguna otra institución aceptaría.
El papel otorgado al Defensor del Pueblo es otro elemento inquietante. Aunque se presenta como mediador, el pacto le concede la última palabra en caso de desacuerdo. Un órgano dependiente del Parlamento, y por tanto del Gobierno y su mayoría, se convierte en árbitro final de un proceso que afecta a la reputación, la economía y la responsabilidad moral de la Iglesia. No es un juez, no es un tribunal, no es un órgano independiente en sentido estricto. Es un actor político-administrativo que, en este caso, adquiere un poder que no tiene sobre ninguna otra institución del país.
La Iglesia, además, asume la ejecución de todas las reparaciones, incluso cuando la entidad responsable no pueda hacerlo. Se convierte así en pagadora universal, sin capacidad de defensa, sin posibilidad de contradicción y sin garantías de que las denuncias sean verificables. En un sistema sin juicio, sin pruebas y sin acusado vivo, distinguir entre víctimas reales y denuncias infundadas se vuelve prácticamente imposible. El riesgo de injusticia —por exceso o por defecto— es evidente.
Pero el análisis no puede quedarse en lo jurídico. El contexto político es determinante. La Iglesia ha sido objeto de presiones constantes en los últimos años: el Valle de los Caídos, la fiscalidad del 0,7% del IRPF, la Ley de Memoria Democrática, la revisión de inmatriculaciones. En este marco, el acuerdo puede interpretarse como una concesión para obtener una tregua institucional. Una apuesta por “cerrar el capítulo” de los abusos y recuperar cierta estabilidad.
El problema es que la lógica del chantaje político es bien conocida: quien cede una vez, cede siempre. El chantajista no se detiene cuando recibe lo que pide; interpreta la concesión como signo de debilidad y exige más. Si la Iglesia acepta un marco excepcional que la coloca en posición de vulnerabilidad jurídica, abre la puerta a que futuras demandas —económicas, simbólicas o políticas— se articulen bajo la misma lógica: “Si aceptaste esto, puedes aceptar lo siguiente”. El apaciguamiento se parece a la paz, pero es justamente lo contrario.
La CEE parece confiar en que este acuerdo permitirá pasar página. Pero la realidad puede ser la contraria: el pacto no cierra un capítulo, sino que abre un precedente. Un precedente en el que la Iglesia renuncia a garantías que protegen a cualquier ciudadano, en virtud de las cuales, acepta un árbitro político, asume reparaciones sin juicio y se expone a un sistema que no controla. Un precedente que puede condicionar su autonomía institucional durante años.
La Iglesia nos ha vendido este acuerdo como una muestra de sensibilidad pastoral. Pero un pacto tan escandaloso sólo es explicable bajo los efectos de un severo complejo de culpabilidad, cuya exageración se pone de manifiesto en lo jurídicamente inaceptable de ese pacto. En efecto, en el camino ha cedido terreno jurídico, político e institucional. Y en esa cesión, corre el riesgo de haber dejado que le coman la tostada. Porque cuando una institución acepta un trato evidentemente abusivo que nadie más aceptaría, no obtiene paz: obtiene dependencia. Y la dependencia, en política, nunca sale gratis.
Custodio Ballester Bielsa, Pbro.
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