Las declaraciones del Rvdo. Jaime
Conde, párroco de la Oliva (Sevilla), han vuelto a demostrar que en Cataluña
existe una categoría no escrita pero muy real: el sacerdote vigilado. No
el sacerdote que calla, ni el que se limita a bendecir inauguraciones
municipales, ni el que repite consignas sociopolíticas con la docilidad de un
funcionario. No. El vigilado es el que osa tocar temas que el discurso
dominante considera peligrosos, incómodos o, sencillamente, reservados a otros.
Y entre esos temas, pocos tan inflamables como el islam, la integración
cultural y la memoria histórica de Al‑Ándalus.
Conde ha afirmado que ciertos sectores
del islam difícilmente se adaptan a las costumbres europeas y que existen
discursos que evocan la recuperación de Al‑Ándalus. Nada que no se haya dicho
en informes académicos, en debates parlamentarios o en columnas de opinión de
medios generalistas. Pero cuando lo dice un sacerdote, el eco es distinto. De
repente, lo que en boca de un sociólogo es análisis, en boca de un cura se
convierte en sospecha. Y lo que en un tertuliano es libertad de expresión, en
un párroco se interpreta como un posible delito de odio. La situación de hecho
es que el poder civil ha impuesto numerosas sanciones a la Iglesia, y ésta se
ha sometido dócilmente a ellas.
La reacción no sorprende. En
España, la Iglesia lleva años aprendiendo que hay temas que puede comentar y
temas que debe evitar. Y que, si se atreve a cruzar ciertas líneas, el precio
no lo paga la institución, sino el individuo. Mi caso fue la prueba más clara: fui denunciado
por presunto delito de odio por criticar
determinados aspectos del islam. La acusación de momento no ha prosperado, pero
la Fiscalía no se resigna a la derrota, por lo que ha recurrido la absolución de la
Audiencia Provincial. Sin embargo, se ha dejado una advertencia grabada a
fuego: “Esto te puede pasar a ti si hablas demasiado claro.”
Un dato más, absolutamente sustancial: gracias a Dios, Jaime Conde y Custodio
Ballester no somos los únicos sacerdotes que nos atrevemos a predicar
abiertamente la doctrina de la Iglesia en éste y en otros temas “tabú”. Somos sencillamente los elegidos por el sistema para servir
de escarmiento a los demás curas
(que no son pocos) que se atreven a predicar libremente. Si nos pusiesen el
foco a todos, se les acabaría el “efecto ejemplarizante” que persiguen. Han
calculado muy bien: les basta un par de ejemplos, evidentemente llevados a la
exageración, para que los curas que ejercen su libertad de púlpito y los que
pudieran estar tentados de ejercerla, queden avisados y sepan que el poder
civil no se anda con chiquitas, y que al eclesiástico le sale más a cuenta
callar y doblegar la cabeza.
El
doble rasero como paisaje estable
La
comparación entre Conde y Ballester no es caprichosa. Ambos casos revelan un
patrón que se ha convertido en paisaje estable de la vida eclesial española: la
crítica al cristianismo es libertad; la crítica al islam es sospecha.
No
se trata de negar la protección a esas minorías vulnerables que designa
arbitrariamente el poder político. Tal vez la necesiten. Ni de justificar
discursos que puedan llamar a hacer un daño real a personas concretas. Se trata
de constatar que la vara de medir no es la misma.
En
España, un artista puede ridiculizar la Eucaristía sin que nadie hable de
delito. Un político puede zaherir blasfemamente a la Iglesia sin que nadie
invoque el quebranto de la convivencia. Un medio puede presentar a los
católicos como encubridores de pedófilos sin que nadie hable de
estigmatización. Pero si un sacerdote menciona la dificultad de integración de
ciertos sectores del islam, se activa un mecanismo de alarma y persecución
judicial que no se aplica a ningún otro colectivo.
Este
doble rasero no es casual. Forma parte de un ecosistema cultural donde la
Iglesia es tolerada mientras no moleste, mientras no contradiga el relato
dominante, mientras no recuerde que tiene una voz propia. Cuando lo hace, se la
corrige. Y si insiste, se la sanciona socialmente.
El
sacerdote como figura incómoda
Gerásimo
Fillat lo habría dicho con su ironía habitual: “En España, el sacerdote puede
hablar de reciclaje, de movilidad sostenible y de la importancia de la dieta
mediterránea. Pero si habla de religión y de moral, ya es más
problemático.”
La
frase contiene una verdad profunda: el sacerdote que ejerce su misión profética
—no la administrativa— se convierte en figura incómoda.
El
P. Jaime Conde no ha dicho nada que no pueda discutirse, matizarse o
contextualizarse. Pero se ha metido en un terreno prohibido a los sacerdotes. Y
eso, en el clima actual, basta para que se le coloque bajo sospecha.
Lo
mismo ocurrió en mi caso: el delito del que se me acusó, no fue lo que dije,
sino que lo dijera un sacerdote. El problema no era el contenido, sino el
emisor. Es una genial táctica de aislamiento: somos los raros, los imprudentes,
que merecen, por lo tanto, pública condena.
La
Iglesia en España vive desde hace años en una tensión permanente entre su
vocación de anunciar la verdad y la presión ambiental que le exige moderación,
prudencia y, en ocasiones, silencio. No un silencio contemplativo, sino un silencio
estratégico: el silencio del que sabe que hablar tiene consecuencias.
La
libertad de expresión clerical: un derecho en retroceso
La
libertad de expresión de un sacerdote no es un privilegio corporativo. Es parte
de la libertad religiosa, que incluye el derecho a manifestar convicciones en
el espacio público.
Pero
esa libertad se ha ido estrechando. No por leyes explícitas, sino por un “clima
cultural” que penaliza la disidencia cuando procede de la Iglesia.
Mi
caso es un aviso. El caso Conde confirma que el aviso sigue vigente. Y muchos
sacerdotes ya lo han interiorizado: evitan ciertos temas, moderan su lenguaje,
renuncian a intervenir en debates donde su voz sería necesaria. No por falta de
convicción, sino por miedo a la reacción.
Sin
embargo, la autocensura es siempre una derrota. Y cuando afecta a
quienes tienen la misión de iluminar la vida social desde el Evangelio, la
derrota es doble: para la Iglesia y para la sociedad.
La
Iglesia española ante su propio espejo
La
cuestión no es si el P. Jaime Conde tiene razón o no en sus afirmaciones. La
cuestión es si un sacerdote puede expresarse sin que cada palabra sea
interpretada como una amenaza al sistema.
La
Conferencia Episcopal debe preguntarse si está dispuesta a defender a sus
sacerdotes cuando hablan con libertad y responsabilidad. Y debe preguntarse
también si ha contribuido, por acción u omisión, a crear un clima donde el
sacerdote que habla claro, se convierte en problema.
La
misión pastoral exige prudencia, sí. Pero también exige valentía. Y
la valentía no consiste en provocar, sino en no callar cuando la verdad —o la
simple opinión razonada— puede incomodar.
Conclusión:
dos casos, un mismo síntoma
Los
casos de Jaime Conde y Custodio Ballester no son idénticos, pero revelan un
mismo síntoma: la creciente dificultad de que un sacerdote pueda intervenir en
el debate público sin exponerse a campañas de señalamiento.
Ambos
episodios muestran que la frontera entre crítica religiosa y delito de odio se
está utilizando de manera desigual, y que la Iglesia debe estar atenta para que
esa desigualdad no se convierta en norma.
La
convivencia se construye con respeto, pero también con verdad y libertad. Y una sociedad que solo tolera la crítica en
una dirección no es una sociedad plural, sino una sociedad sometida al poder
politico.
El
sacerdote que habla claro no es un enemigo de la convivencia. Es el que se atreve a decir lo que otros muchos
piensan y callan. Y no es el único, pero es aquel en quien el sistema ha puesto
el foco, para que sirva de escarmiento a los demás sacerdotes que ejercen o se
sientan tentados a ejercer su libertad en una sociedad que todavía se dice
democrática.
Custodio Ballester Bielsa
www.sacerdotesporlavida.info
