La Delegación de Economía del Arzobispado de Barcelona ha intervenido la Fundación Sant Josep Oriol, responsable de la gestión de la Residencia Sacerdotal, así como otros dos centros: Valldejuli y La Torrassa. De inmediato, se ha cesado al diácono permanente Rubén García Lozano, contador-administrador de la Fundación, y al director-gerente del geriátrico de Calle Joan Guell, Mn. Saturnino (Nino) Rodríguez. Nadie sabe nada más. En la propia residencia, los empleados o no saben nada o tienen órdenes de no decir ni mu a los internos que van preguntando.
No cabe decir que este secretismo ha disparado los rumores y ha manchado el nombre de los dos clérigos destituidos y del resto del equipo directivo de la Residencia Sacerdotal. En estos tiempos en que muchos se llenan la boca con la sinodalidad y transparencia, se observa que esa exigencia solo se predica de terceros y se difumina cuando ha de aplicarse a uno mismo; en este caso, a la archidiócesis. Entretanto, se van propalando noticias sin confirmar que hablan de malversación, agujeros económicos e incluso desvío de fondos. Acusaciones muy graves que deberían ser desmentidas o confirmadas, pues tan grave es pecar contra el séptimo mandamiento que contra el sexto y nono, de los cuales siempre se informa cumplidamente.
La gravedad del asunto radica también en la personalidad del director destituido. Mosén Nino es arcipreste con funciones de vicario episcopal, de acuerdo con la última reforma del organigrama de la diócesis. Cargo que compatibilizaba con el de director-gerente de la Residencia Sant Josep Oriol y párroco in solidum de las comunidades de Nuestra Señora del Pilar y San Eugenio I Papa. Se trata de un sacerdote muy activo y con mucha nombradía en Barcelona, que entró en la residencia sacerdotal para solucionar precisamente, los problemas económicos derivados de malas gestiones anteriores. Lo mismo puede decirse del diácono Rubén García Lozano, que asumió la responsabilidad de solventar el agujero financiero y contable con el que se encontraba, principalmente, la residencia de La Torrassa.
Mn. Nino Rodríguez
El asunto se produce, además, en la etapa de final de mandato del cardenal Omella. Un final de mandato que, por otra parte, se sigue eternizando. Mientras tanto, hay que tomar decisiones, como ha ocurrido con la intervención de las residencias y como tendrá que producirse con algunos nombramientos para el próximo curso, que deberán ser acordados por Omella. Lógicamente se tratará de tapar agujeros, pero es que esta diócesis sigue teniendo muchos agujeros y más de un socavón pendiente de reparar. El papelón que le queda a Omella es especialmente complejo, al ir demorándose la fecha de su jubilación.
Se comprende que Barcelona es una diócesis difícil y que no existen candidatos claros para suceder al cardenal turolense, pero la ralentización del proceso sucesorio está empezando a causar problemas en el arzobispado, algunos de una cierta envergadura. Esconder la cabeza bajo el ala solo incrementa la magnitud de la cuestión.
Pero la cuestión trasciende este episodio concreto. La importancia del arzobispo de Barcelona recae también en la situación actual de Cataluña. Y no me refiero al tema político, y mucho menos al nacionalismo, que solo tiene eco mediático, pero nula influencia en el día a día de la vida eclesial. Me refiero a que en Cataluña se va perdiendo la fe silenciosamente y se necesita la energía y el saber de un pastor que pueda tomarse en serio este difícil empeño. Esta debería ser la cualidad primordial del sucesor del prelado aragonés: un pastor antes que un político. Hemos tenido dos obispos muy curiales seguidos (Sistach y Omella), y ahora necesitamos un episcopado renovador y reparador. Dejemos de mirar su procedencia y qué idioma habla o, de lo contrario, pronto en esta tierra la fe adquirirá un carácter residual y anecdótico.
Entretanto, como parece que seguiremos meses con este interregno que no acaba de finalizar, al menos que se nos tenga informados de qué ha pasado en la Residencia Sacerdotal. Mientras no se aclaren los hechos, el silencio solo seguirá alimentando rumores y dañando reputaciones. La transparencia no es una opción: es una obligación moral y una exigencia de justicia para unos diocesanos que sostienen con sus aportaciones la vida de la diócesis y tienen derecho a saber cómo se administra su dinero.
Oriol Trillas
