De candidata de la CUP a la alcaldía de Terrassa a católica activa antiabortista

A ver por donde saldrá el anónimo autor del palimpsesto diario. El caballero o la dama sabe mas que el Abundio. El pobre no es de Calanda, es de Codo. Lugar que Franco eligió para exterminar el Tercio de Montserrat. Siempre los uso de carne de cañón. Más que los soldados moros de Regulares. Creían en Al-la y defendían la fe católica. El Generalísimo les hizo promesas de pensiones y retiro que no cumplió.

De Tarrasa a la Verdad: la conversión de Isabel Gómez y lo que Cataluña necesita mirar de frente

Cada año, cuando la liturgia nos devuelve la memoria de Santa Mónica y San Agustín, la Iglesia nos recuerda que la gracia no conoce plazos de caducidad. El joven que Mónica lloró durante años, entregado a una vida moralmente desordenada y a la heterodoxia maniquea, terminó siendo uno de los mayores doctores de la cristiandad. No fue la dialéctica lo que primero lo movió, sino la lenta, tenaz, casi desesperada perseverancia de una madre que no dejó de rezar por él.

Conviene recordarlo, porque es fácil pensar que las conversiones pertenecen a la Antigüedad, o a las novelas piadosas, y que la Cataluña secularizada de 2026 ya no tiene sitio para ellas. La historia reciente de Isabel Gómez desmiente esa suposición. No porque haya que convertirla en un icono ni en un argumento de parte, sino porque su itinerario ilustra, con una claridad poco frecuente, cómo la realidad —una realidad tan concreta como un embarazo— puede desmontar un edificio ideológico entero.

De la militancia antisistema a una pregunta que no esperaba

Isabel Gómez encabezó la candidatura de la CUP en Tarrasa en las elecciones municipales de 2007 (el año antes de la gran crisis de 2008), y estuvo también vinculada a la CGT. Su mundo era el de la izquierda asamblearia, independentista y anticapitalista, nacida de la cómoda sociedad del crecimiento 1992-2008, un ambiente que no solo defendía el aborto como derecho, sino que en muchos de sus círculos —pensemos en organizaciones juveniles como Arran— mantenía una relación de franca hostilidad beligerante hacia la presencia pública de la Iglesia.

El punto de inflexión no fue un debate ni una lectura. Fue su propio embarazo. Las ecografías empezaron a plantearle una pregunta que ninguna consigna política podía responder: ¿qué era exactamente aquello que estaba viendo? La pregunta se hizo todavía más urgente con el nacimiento prematuro de su hijo, que pesó apenas 1,6 kilogramos. Ante esa fragilidad extrema, la retórica de la «interrupción del embarazo» como trámite administrativo se volvió, sencillamente, insostenible.

De ahí nació una de las afirmaciones más citadas de su testimonio, formulada hacia 2009: que el aborto es una violencia ejercida contra el más débil, y que un feminismo coherente con la defensa de quienes no tienen voz debería empezar por el hijo que aún no ha nacido. Esa posición la llevó a romper con su entorno político y a abandonar la CUP en 2010.

Merece la pena detenerse en esto antes de seguir adelante. Cambiar de convicción cuando se descubre que se estaba equivocado no es debilidad intelectual: puede ser, precisamente, una muestra de inteligencia, honradez y valentía: parresía y martirio. Y hace falta valentía de verdad, porque romper con una ideología nunca es solo cambiar de papeleta. Es, con frecuencia, enfrentarse a amigos, familiares y antiguos compañeros de militancia para quienes determinadas posiciones no son opiniones discutibles, sino marcadores de pertenencia. Cuanto más cerrado es el círculo del que uno se aleja, mayor suele ser el precio que hay que pagar.

Cuando el aborto deja de ser una abstracción

Mientras el aborto se mantiene en el terreno de la palabra jurídica o estadística, resulta relativamente cómodo discutir sobre él como si fuera una cuestión abstracta. Una ecografía cambia la perspectiva. Un hijo prematuro en brazos la cambia todavía más. Ya no se habla de un procedimiento: se contempla a un hombre.

Esto es, exactamente, lo que la antropología cristiana ha sostenido siempre: que el valor de una vida humana no depende de su grado de desarrollo, de su autonomía o de su capacidad de defenderse, sino de su misma condición de ser humano.

Ya san Pablo VI lo indicó en Humanae vitae, Juan Pablo II lo expuso con toda su fuerza en el Catecismo y en la encíclica Evangelium vitae, calificando el aborto como un crimen que ninguna ley humana puede pretender legitimar; su magisterio entero, desde el inicio del pontificado hasta el final, hizo de la defensa del no nacido una de sus banderas más constantes.

Benedicto XVI, por su parte, al hablar en Sacramentum caritatis 83 de la coherencia eucarística, situó esa defensa —junto con la familia fundada en el matrimonio, la libertad educativa y el bien común— entre los valores no negociables que deben orientar también la vida pública de los católicos. La razón última de esa exigencia no es solo disciplinar: san Pablo advierte en la primera Carta a los Corintios (11, 27-29) de las graves consecuencias espirituales de comulgar indignamente. Y la tradición moral católica reconoce, entre los pecados que claman venganza al cielo, el homicidio voluntario e injusto —figurado en el asesinato de Abel el justo a manos de su hermano—, categoría en la que el aborto provocado, por su condición de eliminación deliberada de un inocente, ocupa un lugar de particular gravedad, junto a otros pecados de esa misma lista, como la opresión del pobre o la defraudación del salario justo al trabajador, que la doctrina social de la Iglesia denuncia con igual firmeza.

Lamentablemente, Francisco y León XIV, aunque sí han hablado, lo han considerado como "tema fundamental" y lo sustituyen por ecología, emigracionismo, economía, feminismo, generismo y ese extraño tributo a la Pachamama. Pastoralmente, es un tema menor, aunque en el mundo se hagan 40 millones de abortos y uno en Europa.

Mujeres (y varones) desaparecidos: una expresión con respaldo demográfico real

En algunos relatos sobre esta historia se ha empleado la expresión «feminicidio transgeneracional» para describir el efecto acumulativo del aborto sobre las generaciones futuras. Conviene precisar el término, porque la demografía sí dispone de categorías rigurosas para nombrar fenómenos de esta clase, y emplearlas con propiedad refuerza el argumento en vez de debilitarlo.

La ciencia demográfica lleva décadas estudiando lo que sucede cuando una guerra, una epidemia o una política de exterminio interrumpe el curso normal de los nacimientos. Los especialistas hablan de «nacimientos perdidos» o de «huecos demográficos» para nombrar la diferencia entre los nacimientos efectivamente producidos y los que cabría esperar de no haber existido el suceso disruptivo: así se ha calculado, por ejemplo, que la Guerra Civil española «costó» varios cientos de miles de nacimientos entre 1936 y 1942, o que el Holocausto y las grandes hambrunas del siglo XX dejaron una sombra demográfica que sigue siendo visible, generaciones después, en la pirámide de población de los países afectados.

Existe, además, un concepto todavía más cercano al fenómeno del aborto: el de las «mujeres desaparecidas» (missing women), acuñado en 1990 por el economista y premio Nobel Amartya Sen para cuantificar el déficit de mujeres producido por el aborto selectivo por sexo, el infanticidio femenino y el trato discriminatorio hacia las niñas en amplias regiones de Asia.

El método no consiste en señalar a personas concretas, sino en comparar la proporción de sexos realmente observada con la que cabría esperar en condiciones de trato igualitario.

De esa diferencia estadística, estudios publicados en revistas como The Lancet han derivado estimaciones, hoy en el entorno de los

130-150 millones de mujeres «desaparecidas» en el mundo

Aplicado a nuestro caso, esto significa que sí puede hablarse, con propiedad y no solo con retórica, de una desaparición en cadena: no hay una mujer que nazca de la hija no nacida; no hay una madre para el nieto que nunca llega a concebirse; no hay abuela para el bisnieto ni bisabuela para el tataranieto.

Esa cadena, conviene precisarlo, no distingue de suyo entre hijos e hijas: se interrumpe tanto la descendencia femenina como la masculina, aunque la expresión «feminicidio» conserve su fuerza al subrayar que entre lo suprimido está, precisamente, la mujer que podría haber sido madre.

La demografía cuenta con herramientas —modelos de fecundidad, tablas de descendencia esperada, comparación de proporciones de sexo— para estimar esa cadena con un rigor comparable al que se emplea para calcular el hueco demográfico dejado por una guerra o una hambruna.

Lo que ninguna disciplina seria permite es señalar, dentro de esa cadena, a un individuo concreto y afirmar con certeza que «habría sido» tal persona: se trata de una vida concreta que no se desarrollará nunca, pero la pérdida permanece irreductiblemente indefinida en cuanto a quién, en concreto, falta, pues es una vida no desarrollada en libertad con respeto a su derecho humano a vivir.

Por eso «feminicidio transgeneracional» puede emplearse legítimamente como descripción de un fenómeno demográfico reconocido —análogo, en su lógica interna, a las «mujeres desaparecidas» de Sen o a los «nacimientos perdidos» de una guerra—, siempre que no se presente como un recuento cerrado de personas nombrables, ni se traduzca mecánicamente en una cifra final que sume abortos y descendientes hipotéticos como si fueran equivalentes.

Lo que dicen —y lo que exigen— las cifras de Cataluña

El registro de estas intervenciones abortivas, llamadas eufemísticamente Interrupciones Voluntarias del Embarazo, existe en Cataluña desde 1987, y sus series anuales están publicadas por Idescat.

La suma de esas series a lo largo de casi cuatro décadas ronda las 620.000 interrupciones. En 2023, último año con datos plenamente consolidados por comunidades, Cataluña registró 22.307 —21.149 de mujeres residentes— y una tasa de 14,92 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, la más alta de toda España, por delante incluso de la Comunidad de Madrid; en 2024 la cifra subió a 22.975, séptimo año consecutivo en ese primer puesto.

Conviene resistir la tentación de multiplicar esa cifra por descendientes hipotéticos como si el resultado fuera un dato demográfico exacto. Pero esa cautela metodológica no debe convertirse en excusa política. Aunque la competencia legislativa sobre el aborto es en gran parte estatal, la Generalitat sí dispone, desde hace décadas, de competencias plenas en sanidad, servicios sociales y políticas de familia —y también de capacidad de influencia política sobre la legislación estatal—, y es en ese terreno donde cabe exigir cuentas: ningún gobierno catalán, sea cual sea su color, ha desplegado en cuatro décadas una política de apoyo a la maternidad vulnerable capaz de reducir de forma sostenida esa tasa, la más alta del país.

Que el fenómeno atraviese limpiamente a todas las familias políticas no exonera a ninguna: al contrario, convierte la omisión en una responsabilidad compartida, y hace todavía más necesario exigir a quien gobierne, sea del signo que sea, políticas activas de acompañamiento a la mujer embarazada.

El caso catalán, presidente por presidente

Un prorrateo por días exactos de mandato —no por años naturales completos, que distorsionaría los años de transición— sobre la serie 1987-2024 da esta distribución de supuestos "progresistas" y "nacionalistas":

Jordi Pujol (CiU), hasta 20-12-2003: 166.699
Pasqual Maragall (PSC), 2003-06: 56.187
José Montilla (PSC), 2006-10: 102.796
Artur Mas (CiU), 2010-16: 106.228
Carles Puigdemont (Junts), 2016-17: 35.196
Art. 155 CE (Gobierno España PP Rajoy), 2017-18: 12.311
Quim Torra (Junts), 2018-20: 48.914
Pere Aragonès (ERC), 2020-24: 82.772
Salvador Illa (PSC), desde 10-08-2024 (parte 2024): 9.039
TOTAL SEGURO 1987-2024: 620.143

Durante la intervención del artículo 155 (27 de octubre de 2017 – 2 de junio de 2018), la coordinación efectiva de los departamentos de la Generalitat correspondió al Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, con Soraya Sáenz de Santamaría al frente como vicepresidenta, y Enric Millo como delegado del Gobierno en Cataluña.

Aplicando la tasa de crecimiento interanual media de los dos últimos ejercicios (2,46%), las estimaciones para 2025 y 2026 rondarían las 23.541 y 24.120 respectivamente, lo que llevaría el total 1987-2026 a unas 667.800 interrupciones —de las cuales corresponderían ya a Illa, sumando la parte de 2024 y ambos años completos, unas 56.700—.

Aplicando a esa cifra la misma lógica de las «mujeres desaparecidas» de Sen, y sin ir más allá de lo que el método permite: de las cerca de 620.000-660.000 interrupciones registradas o estimadas entre 1987 y 2026, del orden de la mitad —unas 300.000— corresponderían, según la proporción de sexos habitual al nacer, a vidas de sexo femenino. Cada una de ellas representa una línea de descendencia que no se abrirá: ninguna hija, ninguna nieta nacerá ya de ellas. No es honesto llevar el cálculo más allá multiplicando por generaciones sucesivas sin un modelo de fecundidad real que lo sostenga, pero el orden de magnitud basta para calificar el fenómeno de lo que es: una pérdida demográfica estructural, sostenida durante casi cuatro décadas, bajo gobiernos que se han presentado sucesivamente como progresistas, nacionalistas o de centro, sin que ninguno la haya hecho retroceder.

El prorrateo por días —hecho así, con rigor, para que nadie pueda decir que la cifra está inflada por adjudicar a un presidente meses que no gobernó— no cambia la conclusión de fondo: la refuerza. No hay una sola presidencia, de ningún partido, bajo ningún color político, que haya invertido la tendencia.

Pujol, bajo cuyo largo mandato se definió buena parte del proyecto autonómico catalán contemporáneo, vio crecer la cifra de 175 a 16.710 casos anuales en dieciséis años.

Maragall y Montilla —los gobiernos del primer tripartito— la llevaron a su máximo histórico (26.932 en 2008).

Mas, en plena austeridad, la mantuvo por encima de las 19.000 cada año. Puigdemont y la intervención del artículo 155 —dos gobiernos que no podrían ser más distintos entre sí— coincidieron en una cifra prácticamente idéntica (19.661 y 19.686). Torra y Aragonès, de nuevo, ni la bajaron ni la frenaron.

Y los primeros datos de Illa muestran la misma inercia al alza, no una ruptura con ella.

Es decir: CiU, PSC, Junts, ERC y, en su intervención directa, sucesivos gobiernos de España de distinto signo han administrado, cada uno en su turno, el mismo fenómeno creciente, sin que ninguno haya hecho de su freno una prioridad de gobierno real —no una ley aprobada, no un plan de apoyo a la maternidad con resultados medibles, no una política sanitaria orientada a reducir la cifra en vez de facilitar el acceso. La alternancia política en Cataluña ha sido real en casi todo; en esto, no. Por eso la responsabilidad no se diluye repartiéndola entre partidos: se acumula sobre todos ellos por igual.

La coherencia eucarística: una crítica más precisa que la simple queja

Francisco calificó explícitamente el aborto de homicidio y sostuvo que la Iglesia no puede cambiar su enseñanza al respecto. León XIV, en su discurso ante el Congreso de los Diputados el pasado 8 de junio de 2026, pidió a los legisladores construir una sociedad que proteja a toda vida humana, incluido el que aún no ha nacido, y planteó la defensa de la vida como una exigencia de justicia, no como bandera de un partido. Ambos continúan, en esto, la misma línea que san Juan Pablo II trazó con nitidez en Evangelium vitae y que Benedicto XVI formuló disciplinarmente en Sacramentum caritatis, n. 83: el culto cristiano exige un testimonio público coherente, y los políticos católicos tienen ahí una responsabilidad particular.

La pregunta que sigue abierta, sin embargo, no es doctrinal —la doctrina no calla, y lleva más de cuarenta años sin callar—, sino de gobierno pastoral: con qué claridad, continuidad y eficacia se llama a la coherencia a quienes, presentándose como católicos, sostienen públicamente leyes contrarias a la vida. Casos como el de Joe Biden en su día, o uno más reciente que se describe a continuación, mantienen viva esa pregunta. Corresponde sobre todo a los obispos de cada lugar, y merece plantearse sin caer en la caricatura de que «Roma no dice nada», pero también sin dar por resuelta una tensión que, en la práctica, sigue sin resolverse.

Un caso reciente que mantiene viva la pregunta: Maura Healey

Maura Healey, gobernadora demócrata de Massachusetts, que se declara públicamente católica, firmó el 10 de agosto de 2026 la Prioritizing Patient Access to Care Act (H.5595, promulgada como Chapter 188 of the Acts of 2026), que elimina toda restricción al aborto después de la semana 24 de gestación. La ley anterior solo permitía el aborto tardío en supuestos tasados —riesgo vital o grave para la madre, anomalía fetal letal, inviabilidad fuera del útero—; la nueva sustituye eso por una fórmula abierta: basta el «juicio profesional del médico», sin ningún procedimiento de revisión que pueda anular esa decisión. Con ella, Massachusetts se convirtió en el undécimo estado de EE. UU. sin límite temporal para el aborto. Del mismo modo que el caso Biden marcó buena parte del debate sobre coherencia eucarística en el pontificado de Francisco, el de Healey plantea la misma pregunta al inicio del de León XIV.

Healey firmó la ley públicamente, rodeada de simpatizantes de Planned Parenthood, y declaró en la red social X:

«Mientras sea gobernadora, el aborto seguirá siendo seguro, legal y accesible en Massachusetts» (católica y comulgante)

- Los obispos católicos de Massachusetts calificaron la ley conjuntamente de «medida radical y gravemente inmoral»

- La organización CatholicVote pidió formalmente a esos mismos obispos que se pronunciaran sobre si Healey había incurrido en excomunión latae sententiae —automática, según el canon 1398, que sanciona a quien procura un aborto o coopera de forma eficaz en él—.

- Hasta donde recogen las fuentes, la Arquidiócesis de Boston cobardeando típicamente en esta Iglesia débil y de principios invertidos, no ha confirmado ninguna excomunión, aunque ha reiterado de boquilla su oposición pública a la ley.

El caso queda, por ahora, como ejemplo vivo de esa pregunta pastoral sin resolver.

Una defensa de la vida que no puede quedarse a medias

Ninguna reflexión sobre el aborto es completa si se detiene en la condena y olvida a la madre. La mujer que atraviesa un embarazo en soledad, con miedo, con presión familiar o económica, no necesita solamente que se le recuerde una doctrina: necesita acompañamiento, apoyo material, una comunidad que no la abandone antes ni después del parto. Y la misma lógica que protege al no nacido por su sola condición humana —no por su salud, su utilidad o su autonomía— es la que exige proteger también al enfermo, al anciano y a la persona con discapacidad. Una defensa de la vida que solo se activa en el debate sobre el aborto y calla ante otras formas de descarte humano no es coherente; es selectiva: para Francisco Biden fue su escándalo, para León XIV lo es Maura Healey.

El segundo giro: de la ecografía al altar

Todo lo anterior explicaría, quizá, un cambio de posición política. No explica, por sí solo, lo que vino después. Un día, Isabel Gómez pasó ante la catedral del Sant Esperit de Tarrasa y sintió el impulso de entrar. Participó en la Eucaristía, y durante la consagración lloró. A partir de ahí, acompañada por sacerdotes y laicos de la catedral, recorrió un camino que la llevó a la reconciliación sacramental, a la Confirmación y, según su propio testimonio, a la preparación de su matrimonio canónico.

Aquí está, en realidad, el centro de toda la historia, y conviene no perderlo de vista bajo el peso de las cifras y los debates políticos. Isabel no pasó simplemente de una sigla a otra. Pasó de una determinada concepción del hombre —autosuficiente, dueño absoluto de sí mismo, sin ley moral anterior al propio deseo— a otra completamente distinta: la de una criatura que descubre que la verdad no se fabrica, que la vida del hijo no pertenece a los padres del mismo modo que la vida del ciudadano no pertenece al poder político, y que la libertad consiste en poder hacer el bien, no en poder hacer cualquier cosa.

Lo que Cataluña puede aprender de esta historia

Resulta más cómodo que alguien cambie de partido dentro de los límites habituales del debate público. Resulta mucho más incómodo, y por eso mismo más fecundo, que alguien diga: «estaba equivocada, también sobre el hombre, y necesito a Dios». Eso exige inteligencia para revisar las propias premisas, sabiduría para distinguir entre lo que se pensaba y lo que es verdadero, y valentía para asumir el precio social de decirlo en voz alta.

Cataluña necesita natalidad, familias estables, políticas que no conviertan la maternidad en una catástrofe económica, y una cultura capaz de acompañar a la mujer embarazada en vez de ofrecerle el aborto como única salida razonable. Pero necesita, todavía más al fondo, recuperar la convicción de que ninguna mayoría parlamentaria puede conceder ni retirar la dignidad de un ser humano, y exigir a sus gobernantes, gobierne quien gobierne, que actúen en consecuencia. Eso no se logra con consignas ni con cifras infladas, sino con argumentos sólidos, con caridad perseverante hacia quienes todavía no lo ven, y con testimonios como el de Isabel Gómez, que recuerdan que ninguna biografía queda cerrada de antemano.

Hoy por hoy, Cataluña construye un monumento al horror para el demonio de 660.000 abortos y unos 1,5 millones de generaciones pedidas que nunca nacerán de los hombres y mujeres abortados: toda una Barcelona, y que habría ahorrado más de la mitad de la emigración actual.

Santa Mónica rezó durante años por su hijo, y Agustín regresó a Dios para terminar siendo doctor de la Iglesia. La comparación es, sin duda, desproporcionada. Pero el mecanismo de fondo es el mismo: una persona puede construir alrededor de sus convicciones toda una identidad, una carrera, un círculo de pertenencia, y aun así llegar un día en que la realidad —una ecografía, un hijo de 1,6 kilos, una iglesia, una lágrima durante la consagración— atraviese esas defensas y le muestre que estaba llamada a algo más grande que sus propias ideas. Esa es, en definitiva, la razón por la que esta historia interesa más allá de Tarrasa: no por el partido del que salió ni por el ambiente al que hoy se acerca, sino porque ilustra, con una nitidez que rara vez se encuentra, lo que significa dejarse convertir por la verdad, para el bien de las almas y el bien común de Cataluña y de la Iglesia.

Buena noticia que nos alegra profundamente. El salto de esta mujer desde la CUP a VOX es un salto olímpico.

Un gran aplauso para esta Señora.

Ésto es un milagro patente, por la Gracia de Dios!!!

Dios bendiga a esta mujer y que se mantenga firme en la Fe. Si conversión es auténtica porque va a Jesús y, se aleja, de "conversiones ecológicas" de las que se proponen en Roma.

Señor articulista, hablar de izquierdas y derechas es hablar de lo mismo, las dos manos del mismo trilero emanado de mentes "iluminatis".

Muy cristiana no debe de ser si es simpatizante de VOX...