Las declaraciones del Rvdo. Jaime
Conde, párroco de la Oliva (Sevilla), han vuelto a demostrar que en Cataluña
existe una categoría no escrita pero muy real: el sacerdote vigilado. No
el sacerdote que calla, ni el que se limita a bendecir inauguraciones
municipales, ni el que repite consignas sociopolíticas con la docilidad de un
funcionario. No. El vigilado es el que osa tocar temas que el discurso
dominante considera peligrosos, incómodos o, sencillamente, reservados a otros.
Y entre esos temas, pocos tan inflamables como el islam, la integración
cultural y la memoria histórica de Al‑Ándalus.
Conde ha afirmado que ciertos sectores
del islam difícilmente se adaptan a las costumbres europeas y que existen
discursos que evocan la recuperación de Al‑Ándalus. Nada que no se haya dicho
en informes académicos, en debates parlamentarios o en columnas de opinión de
medios generalistas. Pero cuando lo dice un sacerdote, el eco es distinto. De
repente, lo que en boca de un sociólogo es análisis, en boca de un cura se
convierte en sospecha. Y lo que en un tertuliano es libertad de expresión, en
un párroco se interpreta como un posible delito de odio. La situación de hecho
es que el poder civil ha impuesto numerosas sanciones a la Iglesia, y ésta se
ha sometido dócilmente a ellas.
La reacción no sorprende. En
España, la Iglesia lleva años aprendiendo que hay temas que puede comentar y
temas que debe evitar. Y que, si se atreve a cruzar ciertas líneas, el precio
no lo paga la institución, sino el individuo. Mi caso fue la prueba más clara: fui denunciado
por presunto delito de odio por criticar
determinados aspectos del islam. La acusación de momento no ha prosperado, pero
la Fiscalía no se resigna a la derrota, por lo que ha recurrido la absolución de la
Audiencia Provincial. Sin embargo, se ha dejado una advertencia grabada a
fuego: “Esto te puede pasar a ti si hablas demasiado claro.”
Un dato más, absolutamente sustancial: gracias a Dios, Jaime Conde y Custodio
Ballester no somos los únicos sacerdotes que nos atrevemos a predicar
abiertamente la doctrina de la Iglesia en éste y en otros temas “tabú”. Somos sencillamente los elegidos por el sistema para servir
de escarmiento a los demás curas
(que no son pocos) que se atreven a predicar libremente. Si nos pusiesen el
foco a todos, se les acabaría el “efecto ejemplarizante” que persiguen. Han
calculado muy bien: les basta un par de ejemplos, evidentemente llevados a la
exageración, para que los curas que ejercen su libertad de púlpito y los que
pudieran estar tentados de ejercerla, queden avisados y sepan que el poder
civil no se anda con chiquitas, y que al eclesiástico le sale más a cuenta
callar y doblegar la cabeza.
El
doble rasero como paisaje estable
La
comparación entre Conde y Ballester no es caprichosa. Ambos casos revelan un
patrón que se ha convertido en paisaje estable de la vida eclesial española: la
crítica al cristianismo es libertad; la crítica al islam es sospecha.
No
se trata de negar la protección a esas minorías vulnerables que designa
arbitrariamente el poder político. Tal vez la necesiten. Ni de justificar
discursos que puedan llamar a hacer un daño real a personas concretas. Se trata
de constatar que la vara de medir no es la misma.
En
España, un artista puede ridiculizar la Eucaristía sin que nadie hable de
delito. Un político puede zaherir blasfemamente a la Iglesia sin que nadie
invoque el quebranto de la convivencia. Un medio puede presentar a los
católicos como encubridores de pedófilos sin que nadie hable de
estigmatización. Pero si un sacerdote menciona la dificultad de integración de
ciertos sectores del islam, se activa un mecanismo de alarma y persecución
judicial que no se aplica a ningún otro colectivo.
Este
doble rasero no es casual. Forma parte de un ecosistema cultural donde la
Iglesia es tolerada mientras no moleste, mientras no contradiga el relato
dominante, mientras no recuerde que tiene una voz propia. Cuando lo hace, se la
corrige. Y si insiste, se la sanciona socialmente.
El
sacerdote como figura incómoda
Gerásimo
Fillat lo habría dicho con su ironía habitual: “En España, el sacerdote puede
hablar de reciclaje, de movilidad sostenible y de la importancia de la dieta
mediterránea. Pero si habla de religión y de moral, ya es más
problemático.”
La
frase contiene una verdad profunda: el sacerdote que ejerce su misión profética
—no la administrativa— se convierte en figura incómoda.
El
P. Jaime Conde no ha dicho nada que no pueda discutirse, matizarse o
contextualizarse. Pero se ha metido en un terreno prohibido a los sacerdotes. Y
eso, en el clima actual, basta para que se le coloque bajo sospecha.
Lo
mismo ocurrió en mi caso: el delito del que se me acusó, no fue lo que dije,
sino que lo dijera un sacerdote. El problema no era el contenido, sino el
emisor. Es una genial táctica de aislamiento: somos los raros, los imprudentes,
que merecen, por lo tanto, pública condena.
La
Iglesia en España vive desde hace años en una tensión permanente entre su
vocación de anunciar la verdad y la presión ambiental que le exige moderación,
prudencia y, en ocasiones, silencio. No un silencio contemplativo, sino un silencio
estratégico: el silencio del que sabe que hablar tiene consecuencias.
La
libertad de expresión clerical: un derecho en retroceso
La
libertad de expresión de un sacerdote no es un privilegio corporativo. Es parte
de la libertad religiosa, que incluye el derecho a manifestar convicciones en
el espacio público.
Pero
esa libertad se ha ido estrechando. No por leyes explícitas, sino por un “clima
cultural” que penaliza la disidencia cuando procede de la Iglesia.
Mi
caso es un aviso. El caso Conde confirma que el aviso sigue vigente. Y muchos
sacerdotes ya lo han interiorizado: evitan ciertos temas, moderan su lenguaje,
renuncian a intervenir en debates donde su voz sería necesaria. No por falta de
convicción, sino por miedo a la reacción.
Sin
embargo, la autocensura es siempre una derrota. Y cuando afecta a
quienes tienen la misión de iluminar la vida social desde el Evangelio, la
derrota es doble: para la Iglesia y para la sociedad.
La
Iglesia española ante su propio espejo
La
cuestión no es si el P. Jaime Conde tiene razón o no en sus afirmaciones. La
cuestión es si un sacerdote puede expresarse sin que cada palabra sea
interpretada como una amenaza al sistema.
La
Conferencia Episcopal debe preguntarse si está dispuesta a defender a sus
sacerdotes cuando hablan con libertad y responsabilidad. Y debe preguntarse
también si ha contribuido, por acción u omisión, a crear un clima donde el
sacerdote que habla claro, se convierte en problema.
La
misión pastoral exige prudencia, sí. Pero también exige valentía. Y
la valentía no consiste en provocar, sino en no callar cuando la verdad —o la
simple opinión razonada— puede incomodar.
Conclusión:
dos casos, un mismo síntoma
Los
casos de Jaime Conde y Custodio Ballester no son idénticos, pero revelan un
mismo síntoma: la creciente dificultad de que un sacerdote pueda intervenir en
el debate público sin exponerse a campañas de señalamiento.
Ambos
episodios muestran que la frontera entre crítica religiosa y delito de odio se
está utilizando de manera desigual, y que la Iglesia debe estar atenta para que
esa desigualdad no se convierta en norma.
La
convivencia se construye con respeto, pero también con verdad y libertad. Y una sociedad que solo tolera la crítica en
una dirección no es una sociedad plural, sino una sociedad sometida al poder
politico.
El
sacerdote que habla claro no es un enemigo de la convivencia. Es el que se atreve a decir lo que otros muchos
piensan y callan. Y no es el único, pero es aquel en quien el sistema ha puesto
el foco, para que sirva de escarmiento a los demás sacerdotes que ejercen o se
sientan tentados a ejercer su libertad en una sociedad que todavía se dice
democrática.
Custodio Ballester Bielsa
www.sacerdotesporlavida.info
El proceso de regularización es otro portal de potenciales incidencias contra el Estado nacional, donde el principio democrático y de derecho (el pueblo hace las leyes a través de parlamentarios para el bien común con principios y valores de justicia y verdad), se ha convertido en una especie de divertido coladero, esa es la impresión, como las amnistías a los golpistas del procés: no se preocupe, si es amigo del gobierno, éste le hace una ley a medida, dinamitando la racionalidad y autenticidad del sistema en diversas potenciales zonas oscuras. Se ha sacado información de diversas fuentes, y se comparte para pedir opiniones y datos.
ResponderEliminarEl proceso de regularización extraordinaria en España 2026 se inició el 27 de enero de 2026, cuando el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente de un Real Decreto para modificar el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), o sea, una decisión del Gobierno SIN TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS, unos afirmando que es un fraude de ley.
El período de audiencia pública se abrió tras el anuncio y cerró el 6 de febrero de 2026. Posteriormente, se incorporan sugerencias e informes preceptivos (incluido el del Consejo de Estado). Se prevé, se supone, porque aún no está claro, una nueva aprobación en Consejo de Ministros y publicación en el BOE durante abril de 2026. El plazo para presentar solicitudes será de principios de abril hasta el 30 de junio de 2026 (aproximadamente 3 meses), un plazo muy breve.
Beneficiarios potenciales
Alrededor de 500.000 personas (estimación oficial del Ministerio de Inclusión), principalmente en situación irregular que acrediten residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y permanencia continuada mínima de 5 meses al momento de la solicitud. Otros hablan de 750.000 hasta 850.000. Más beneficioso, casi imposible.
Incluye solicitantes de protección internacional con petición presentada antes de esa fecha, y sus hijos menores (autorización de 5 años). Requisitos clave: no tener antecedentes penales en España, país de origen o países de residencia en los últimos 5 años, y no representar amenaza para el orden público o seguridad. La autorización concedida será de residencia y trabajo por 1 año, válida en todo el territorio nacional y cualquier sector laboral.
El truco del almendruco
La resolución definitiva debe llegar en máximo 3 meses, pero la admisión a trámite (máximo 15 días) permite trabajar provisionalmente desde ese momento. Un aspecto clave del procedimiento es el "truco" o ventaja de los 15 días: la mera admisión a trámite (que debe resolverse en máximo 15 días hábiles) habilita de forma inmediata el derecho a trabajar legalmente en cualquier sector y lugar, incluso si la resolución definitiva tarda los 3 meses completos o más (por silencio administrativo positivo implícito en plazos breves y volumen masivo).
IMPORTANTE: Esto genera un acceso ultrarrápido al mercado laboral formal, que es lo que se desea.
Pruebas facilitadas
Además, la acreditación de permanencia y requisitos es flexible: se aceptan documentos públicos o privados (empadronamiento, facturas, transferencias bancarias, informes médicos, citas sanitarias, contratos de suministros, envíos de dinero, etc.). Obviamente, la naturaleza de estos documentos los hace potencialmente muy vulnerables a la falta de control, autenticidad y veracidad, cosa que el derecho le repugna cuando afecta a datos fácticos que otorgan consecuencias jurídicas muy graves: residencia y ciudadanía.
Para antecedentes penales, basta en muchos casos con una declaración jurada o responsable de inexistencia (sin necesidad inmediata del certificado oficial apostillado si no se dispone), lo que reduce barreras para quienes tienen documentación escasa o incompleta. Esto es un problema muy grave: la declaración carece de ninguna verificación, es una autodeclaración, por lo que potencialmente puden haber falsedades u "olvidos", pues el antecedente penal no lo hace España, lo hace un tercer país.
Sin embargo, surgen más problemas anejos y riesgos potenciales muy preocupantes a futuro:
ResponderEliminarSaturación administrativa
Con 500.000-700.000 (incluso 850.000) solicitudes esperadas en solo 3 meses, las oficinas de Extranjería (ya con retrasos crónicos de 6-12 meses en procedimientos ordinarios) pueden incumplir los plazos reales, generando colapso, citas imposibles y retrasos masivos pese a promesas de refuerzos. Algunos temen una regularización "automática" por sellado, sin verificar nada o casi nada, o bien un silencio positivo masivo.
Aumento de pérdidas, robos y hurtos
La Policía Nacional ha detectado un aumento del 60 % en las denuncias de pasaportes supuestamente perdidos o robados presentadas por ciudadanos extranjeros, comparando el periodo del 15 de enero al 6 de febrero de 2026 con el mismo intervalo de 2025.
Los mayores incrementos porcentuales se han dado entre nacionales de Pakistán (+866 %), Argelia (+356 %), Marruecos (+114 %) y Colombia (+35 %), aunque no se han publicado cifras absolutas.
Según un oficio interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, este repunte coincide con el anuncio del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes del Gobierno, que exige acreditar presencia continuada en España antes del 31 de diciembre de 2025 para poder solicitar la regularización.
La Policía y las brigadas de Extranjería han observado que en muchos casos, al identificar plenamente a quienes denuncian la pérdida, se han detectado antecedentes policiales o penales, identidades distintas o situaciones administrativas vigentes, por lo que se recomienda verificar la identidad y situación antes de tramitar estas denuncias.
Reglamento aún no definitivo
El Real Decreto aún no está publicado en BOE, por lo que puede sufrir cambios tras informes preceptivos.
Recursos judiciales contra el Gobierno
PP: Crítica a la regularización; acusa “efecto llamada” y falta de control, es un "disparate irresponsable", que el real decreto se hace “a ciegas y por decreto sin debate parlamentario”; amenaza con recursos judiciales y llevar el caso a Europa para paralizarlo ab initio.
Vox: Rechazo frontal; considera la medida “inmoral e ilegal”; presión política para impedir su aplicación y campañas mediáticas en contra. VOX ha anunciado recurso contencioso-administrativo ante el Supremo una vez publicado, lo que podría suspender o limitar efectos. Y ha lanzado sus andanadas: Es una “invasión migratoria” promovida desde el Ejecutivo; Generará un efecto llamada que aumentará aún más las llegadas; Debilita la legalidad y colapsa servicios públicos; Forma parte de un intento de cambio demográfico o “sustitución poblacional”; Premia la ilegalidad y castiga a los españoles; Aumentará presión sobre vivienda, sanidad y educación; Debe ser reemplazada por políticas migratorias firmes y ordenadas. (Nota de prensa, Logroño, La Rioja, 5/2/26).
Impactos colaterales
Presión en sanidad, educación y vivienda; posible aumento temporal de economía sumergida mientras se tramita; y dudas sobre capacidad real de adaptación.
Riesgo de exclusión y persistencia del problema
Quienes no acrediten los 5 meses continuados o tengan algún antecedente quedarán fuera, y el plazo corto puede dejar sin oportunidad a muchos por falta de información o medios. El problema para muchos no se solucionará.
Falta de estudios de impacto
No hay aparentemente, por parte del Gobierno, los correspondiente estudios de financiación y de impacto en educación (parvularios, escuelas e institutos), reagrupación familiar, demografía, impacto sobre vivienda, transporte, ecología española (terreno para edificar y hacer vías de transporte, agua, gasto de luz y gas, consumo agrícola, ganadero y pesquero), sanidad pública, medicamentos, pensiones, dinero para subvenciones, ayudas e ingresos mínimos, integración cultural, lingüística, laboral, seguridad, servicios sociales, política (adquisición de nacionalidad), movilidad.
El paquete de bienestar euro-español y la PPA o paridad de poder adquisitivo
ResponderEliminarCuando se habla del “paquete de bienestar” español conviene entender que no se trata solo de una ayuda económica directa, sino de un conjunto de garantías públicas: sanidad universal, educación gratuita, ayudas al alquiler o vivienda social, bonificaciones en suministros básicos, transporte subvencionado y prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, recibir móvil, beneficiario de tarjetas con subvenciones y ayudas económicas. Aunque no todo se perciba como dinero en efectivo, todo ello tiene un valor económico real final que paga el contribuyente en detrimento de otros bienes y servicios públicos.
Si trasladamos ese valor a distintos países africanos mediante la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) —es decir, comparando cuánto rinde el dinero según el coste de vida local— se observa un diferencial importante. Y ese diferencial no es ideológico, sino económico.
En los países africanos de renta media más alta, como Marruecos, Túnez, Egipto o Sudáfrica, el conjunto de prestaciones básicas españolas puede equivaler a un nivel de vida propio de una clase media urbana consolidada. No sería la élite económica, pero sí una posición estable y relativamente acomodada dentro del contexto local.
En los países de renta media-baja, como Senegal, Ghana, Costa de Marfil o Kenia, ese mismo paquete puede situarse claramente por encima del promedio nacional. En términos de capacidad de consumo, se aproximaría a lo que allí se considera clase media-alta urbana, es decir, un nivel de vida confortable y seguro.
En los países africanos más pobres —como Mali, Níger, Chad— la diferencia es aún más acusada. En estos contextos, el valor equivalente del bienestar básico español puede acercarse a niveles propios de sectores acomodados urbanos o incluso de minorías económicamente privilegiadas. Para darse cuenta: en la República Centroafricana, de facto, sobrevivir con menos de 1 dólar al día es posible en zonas rurales. La llegada a España es como pasar al Paraíso: de la nada al todo.
Ahora bien, esto no significa que quien reciba ayudas en España sea “rico”. No genera patrimonio ni poder económico estructural, pues el nivel de vida es caro. Lo que sí proporciona es estabilidad, acceso garantizado a servicios esenciales y protección frente a riesgos sanitarios o educativos que en muchos países deben pagarse de forma privada y muy cara, imposible para el común de la gente.
En síntesis: el atractivo del sistema español no radica solo en el dinero, sino en la combinación de seguridad social, servicios públicos y estabilidad institucional. Según el país africano de comparación, ese conjunto puede equivaler desde una clase media sólida hasta posiciones claramente acomodadas en términos locales. Esa diferencia de poder adquisitivo es objetiva y ayuda a explicar por qué el modelo resulta tan atractivo desde determinadas realidades económicas.
Creación de ciudadanos de papel
El concepto de “citoyens de papier” se utiliza en el debate público francés para describir a ciertos individuos que han adquirido estatus legal o nacionalidad mediante procesos de regularización o naturalización, y cuya integración social, cultural y lingüística no ha sido comprobada de manera exhaustiva. Se aplica únicamente a una parte de la población beneficiaria de estos procedimientos, sin extenderse a la totalidad de los inmigrantes o nuevos ciudadanos.
El término enfatiza aspectos relacionados con la preparación para la vida colectiva: conocimientos del idioma, ejército, historia, cultura, valores cívicos y participación en la vida comunitaria y política. Desde esta perspectiva, aunque estas personas poseen derechos legales y estatus formal, su arraigo social y comprensión de la cultura y normas del país aún puede estar en desarrollo.
Se trata de un concepto retórico y descriptivo, usado principalmente en debates sobre integración, cohesión social y políticas de nacionalidad, y no constituye una categoría administrativa ni legal.
El efecto llamada y las mafias de inmigración irregular
ResponderEliminarEn la ruta migratoria entre África y Europa no suele existir una única organización centralizada, sino una constelación de redes que actúan por tramos y que, en muchos casos, cooperan de manera flexible. En los países de origen operan captadores que prometen empleo, regularización rápida o protección social en Europa. Estas promesas suelen difundirse por redes sociales, contactos familiares o intermediarios locales, y con frecuencia incluyen información exagerada o directamente falsa sobre las posibilidades reales de obtener residencia legal. Leí en un informe de la ONU, que el 10% de África desearía emigrar: sabiendo que la UE tiene 447 mll. habl. y África 1.460 mll., eso hace una masa de emigración (si contar reagrupación familiar ni reproducción) de 146 mll. de golpe.
El siguiente nivel se sitúa en las rutas de tránsito, especialmente a través del Sahel y el Magreb. Allí intervienen transportistas y facilitadores que organizan desplazamientos por etapas, cobrando por cada tramo. Diversos informes policiales y judiciales europeos han constatado que estas redes pueden estar vinculadas a otras actividades ilícitas, como el contrabando o la corrupción de funcionarios fronterizos. En muchos casos no hay una “estructura piramidal” única, sino nodos autónomos que colaboran cuando les resulta rentable.
En las zonas costeras del norte de África operan grupos que gestionan las salidas marítimas hacia Canarias, Andalucía o el Mediterráneo central. Las autoridades españolas y europeas han documentado reiteradamente la existencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, con detenciones periódicas tanto en países de origen como en territorio europeo.
Una vez en España, la situación cambia de naturaleza pero no desaparece la vulnerabilidad. Algunas investigaciones judiciales han demostrado la existencia de redes que, ya en destino, facilitan empadronamientos ficticios, contratos de trabajo simulados o documentación manipulada con la finalidad de intentar encajar en los supuestos legales de regularización. También se han detectado casos de falsificación de identidad o suplantación documental. Estos hechos no son generalizados, pero sí están constatados por actuaciones policiales y sentencias firmes.
Conviene distinguir claramente entre las vías legales y veraces de residencia —arraigo, asilo, reagrupación familiar u otras circunstancias previstas en la ley— y los intentos fraudulentos de aparentar el cumplimiento de requisitos. La falsificación documental o la simulación de relaciones laborales constituyen delitos que pueden conllevar penas de prisión, multas, expulsión y prohibición de entrada en el espacio Schengen.
En conjunto, lo que se observa públicamente es una cadena que comienza con la captación en origen, continúa con redes de transporte en tránsito y puede prolongarse con facilitadores en destino. No se trata siempre de una mafia única y jerarquizada, sino de un ecosistema criminal fragmentado que se adapta a las oportunidades y a los controles. Las autoridades europeas y africanas desarrollan operaciones conjuntas de forma periódica, lo que confirma tanto la existencia de estas estructuras como su carácter transnacional.
Efecto ciudadanía y nacionalidad, libre circulación UE‑EEUU
ResponderEliminarUna vez que una persona logra la regularización legal en España, se abre el camino hacia la ciudadanía española. Los plazos dependen del país de origen: 2 años de residencia legal para ciudadanos iberoamericanos, portugueses, filipinos, sefardíes o guineanos; 5 años para refugiados; y 10 años para la mayoría de extranjeros. Obtener la nacionalidad permite acceder al DNI y pasaporte español, con derechos plenos en España y participación civil, política y laboral en igualdad con cualquier ciudadano nacido en el país.
El pasaporte español y la ciudadanía europea ofrecen libre residencia, trabajo y estudio en toda la UE. Esto facilita trasladarse, buscar empleo, estudiar en universidades europeas o acceder a servicios públicos sin visados adicionales. También permite solicitar el ESTA para EE. UU., agilizando estancias de turismo o negocios, aunque no sustituye visas de residencia o trabajo permanente en Estados Unidos.
Además, la ciudadanía española otorga el derecho a votar y ser votado, fundar partidos políticos y acceder a plazas de funcionario por oposición. Solo los ciudadanos españoles, y en muchos casos los de la UE, pueden presentarse a concursos de empleo público, garantizando estabilidad laboral y carrera profesional dentro del sector público.
En resumen, la regularización no solo ofrece seguridad y acceso a servicios básicos, sino que abre oportunidades legales y profesionales: movilidad y residencia en Europa, facilidades de viaje internacional y acceso al empleo público mediante DNI, pasaporte español y visa EE.UU.
ACCEM: con la Iglesia hemos topado
Accem (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones) es una organización sin ánimo de lucro especializada en atención a refugiados, inmigrantes en situación irregular y personas en riesgo social. Colabora con administraciones para ejecutar programas de acogida, integración y servicios sociales. Su presupuesto en 2024 fue de unos 225 millones de euros, de los cuales más del 88 % provino del Estado, con aportes adicionales de comunidades autónomas, entidades locales y fondos europeos.
Aunque tiene raíces históricas vinculadas a la Iglesia católica, hoy se define como aconfesional y apolítica.
La entidad gestiona una gran estructura, 3.839 empleados y 770 voluntarios, y plazas de acogida, y atendió a decenas de miles en 2024. Los críticos han señalado falta de transparencia interna, especialmente en la composición y funcionamiento de su Asamblea General, órgano que controla y elige a la Junta Directiva, relevante por la gran cantidad de fondos públicos gestionados.
Sobre gastos, no existen cifras oficiales desglosadas que indiquen qué parte se destina a salarios, alquileres o estructura interna frente a programas de atención. Algunas fuentes no oficiales señalan que una parte significativa se destina a costos operativos y de personal, pero no hay datos verificables que confirmen porcentajes exactos.
En conjunto, Accem es un actor central en el sistema de acogida público en España, con elevada financiación, y ha sido objeto de debate sobre gobernanza y transparencia (no hay información oficial suficientemente desglosada), sin que haya irregularidades probadas (Infovaticana lo ha denunciado), pero por comparación con otros, un 50% iría a funcionamiento interno (sueldos, alquileres y servicios básicos)
Conclusión
El proceso constituye una ventana breve y masiva con facilidades iniciales (trabajo rápido vía admisión, documentos flexibles, declaraciones juradas), pero con alta incertidumbre operativa y administrativa, que podría hacer que la ventaja de los 15 días sea incumplida para muchos solicitantes.
El sistema refleja un procedimiento acelerado, promovido por demandas de Podemos con un objetivo final aún no aclarado. Presenta pruebas vulnerables, pocos medios y facilidades amplias para acreditar estancia y beneficios en España. Además, incluye elementos poco claros cuya transparencia no ha sido suficientemente transparentado.
Dejémonos de historias..la cosa es sencilla..la población de base española debe ser reemplazada por vientres fértiles del Magreb o del Sahel, tanto monta monta tanto, a los que se les pueda relegar a los ultimos peldaños y se les mantega con subvenciones. De todos estos Podemo/nacional/ socialistas les es sabido que las españolas sólo "paren franquistas" y no les votarían jamás.
ResponderEliminarGanas de tergiversar. Todos los inmigrantes musulmanes respetan aquí nuestras costumbres, como que los jóvenes vayan a las discotecas, se llenen las venas de alcohol, su adicción a los videojuegos y a la pornografía; también respetan que nuestras jóvenes pierdan la virginidad en la adolescencia, que vayan ligeritas de ropa ante el calor y se solacen en la playa mostrando el trasero... Que la gente no crea más que en el divertimento y el ja, ja, ja... Y que las iglesias se queden vacías de creyentes.
ResponderEliminarQue yo sepa, jamás he visto una noticia de que se manifiesten los musulmanes contra estos nuestros "valores" occidentales.
El Islam es el demonio pequeño con quien algunos curas pueden tener algún problema, ya lo he dicho repetidas veces. El Demonio Grande es el Evolucionismo Darwinista con quién el mismo Vaticano hizo las paces para no mantener polémica, y ya esta visto todo. A usted como gran intelectual, padre Custodio, nos tendría que meter algún artículo que tratara del Diluvio, la Creación en 6 días, la Tierra Joven, y etc que son temas mucho más apasionantes que el tema de los moritos del turbante. Al fin y al cabo los mahometanos nos traerán una nueva moralidad porque en el Catolicismo ya lo vemos, con el papa dando permiso para bendecir parejas homo, más descristianizados con el papado, imposible. Y el "copipasteano" tambien "Deu n'hi do" ejerciendo de impostor de la pagina de comentarios que debe confesarse frecuente que esta infringiendo las reglas del diálogo.
ResponderEliminarEso de recuperar Al-Andalus es algo útopico. Aunque comprensible, pues buena parte de la actual España fue árabe durante 781 años, y en cambio totalmente cristiana lo es desde 1492, o sea 532 años.
ResponderEliminarCuando el único comentario es el copipestano, tu mismo, que pesados són con el mismo temita
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