La Generalitat pide a la Iglesia más implicación para fomentar el catalán

Vergonzoso, solo les falta hacer cantar el bon cop de falç en el prefacio de la
plegaria eucaristica.

Todo se andará.

Que asco! 🤮 🤮

Vergonzoso !! Un gobierno ateo y anti cristiano marcando el paso a la Iglesia, diciendole lo que tiene que hacer. Mientras, los obispos callados ante las leyes anti cristianas del gobierno, para que no se ofenda ningun político. La Iglesia atada y amordazada.
El colmo es que, todo un patrimonio enorme de la Iglesia que debiera dedicarse al culto o en dar un rendimiento economico para el sostenimiento de la propia Iglesia, se cede gratuitamente al poder civil, para sus chanchullos.
La Iglesia que lleva Caritas, ¿no es capaz de gestionar su patrimonio?. ¿Todavía no sabemos que la gestion publica de recursos, SIEMPRE es mas ineficiente que la privada?

Podemos estar tranquilos este es otro Conseller inepto, no es ni capaz de organizar los cursos de catalán para los inmigrantes que desean aprender catalán. Esta conselleria es mucho barco para tan poco capitán.

La Iglesia catalana y la Generalitat: ¿colaboración pastoral o cesión al poder secular?

Un análisis desde la perspectiva tradicional católica

Tesis central: opino que las dos iniciativas impulsadas por la Conferencia Episcopal Tarraconense en febrero de 2026 —la cesión de patrimonio eclesiástico al Govern y la aceptación del catalán como herramienta de integración estatal— no constituyen hechos aislados ni simples gestos de caridad neutra. Son expresión de una dinámica de colaboración institucional que plantea interrogantes jurídicos, eclesiológicos y pastorales de fondo. El problema no es la cooperación Iglesia-Estado en sí misma —que tiene un fundamento sólido en la doctrina social de la Iglesia—, sino la eventual ausencia de criterios canónicos explícitos, de transparencia patrimonial verificable, de discernimiento sinodal efectivo y de salvaguardas que garanticen la primacía del fin sobrenatural sobre cualquier agenda política. Cuando esas salvaguardas faltan, la institución más antigua de Occidente corre el riesgo de convertirse en instrumento de los poderes que dice evangelizar.


I. DIAGNÓSTICO: QUÉ HA OCURRIDO Y POR QUÉ IMPORTA

1. Cuarenta años de relación entre la Iglesia catalana y la Generalitat

Para comprender el alcance de los hechos de febrero de 2026, conviene situarlos en su contexto histórico. Desde la restauración de la Generalitat en 1977 y la promulgación del Estatuto de Autonomía de 1979, la relación entre la jerarquía eclesiástica catalana y el poder autonómico ha transitado por fases bien diferenciadas.

En los años 1980-90, bajo los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol (CiU), la Iglesia y la Generalitat compartían un sustrato cultural catalanista que facilitó una colaboración sin grandes fricciones: la lengua, la identidad nacional y la moral social convergían en puntos clave. La enseñanza religiosa en la escuela, las subvenciones al patrimonio eclesiástico y el reconocimiento del papel histórico de la Iglesia en la preservación del catalán durante el franquismo generaron un capital de confianza mutua. Durante aquellas décadas, el patronato de la Fundació Bíblica Catalana, la edición del Nou Testament en catalán y el papel de Montserrat como símbolo nacional-religioso consolidaron una identificación entre institución eclesial e identidad cultural que aún hoy opera como presión implícita sobre los obispos.

La llegada del tripartito (2003-2010) marcó una primera ruptura: políticas de laicidad más agresiva, tensiones por la enseñanza religiosa y la irrupción de la ideología de género en los programas educativos pusieron a la jerarquía en posición defensiva. Con el retorno de CiU (2010-2015) y la posterior etapa de los gobiernos independentistas (2015-2024), la Iglesia evitó pronunciarse sobre el proceso soberanista —con excepciones notables como la del cardenal Omella, que pidió diálogo y moderación—, actitud que le granjeó tanto críticas de los sectores independentistas más radicales como del catolicismo español más unitarista.

La llegada de Salvador Illa a la presidencia en 2024, con el apoyo de ERC y Comuns, inauguró una nueva fase: la del entendimiento cordial y mutuamente beneficioso, cuyo primer fruto visible son los acuerdos de febrero de 2026. Este recorrido muestra que la cesión patrimonial y el acuerdo lingüístico no son improvisaciones, sino el resultado de una lógica institucional acumulada en la que la Iglesia ha aprendido a negociar su espacio público. La pregunta que debe responderse con honestidad es si esa estrategia ha preservado lo esencial o si, por el contrario, ha acelerado su marginalización espiritual.

2. Los dos hechos de febrero de 2026

El 16 de febrero de 2026 —primer acto oficial del president Illa tras casi un mes de baja médica por una infección ósea—, el arzobispo Joan Planellas Barnosell, presidente de la CET, firmó en el Palau de la Generalitat un protocolo de cuatro años prorrogables para la cesión de inmuebles eclesiásticos infrautilizados con destino a vivienda social.

El acuerdo fue suscrito en nombre de las diez diócesis catalanas —las archidiócesis de Barcelona y Tarragona y los obispados de Urgell, Lleida, Girona, Vic, Solsona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat y Tortosa— así como de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). Firmaron también la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.

Apenas once días antes, en la reunión plenaria n.º 261 de la CET, celebrada en la Casa de Espiritualitat Maria Inmaculada de Tiana (5-6 de febrero), el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila Moreno, acompañado por Ramon Bassas (director de Afers Religiosos) y Montserrat Sendra (jefa de gabinete del conseller), se reunió con el pleno de los obispos para explorar "diversas posibilidades de colaboración mutua en el ámbito de la promoción y el aprendizaje de la lengua catalana como herramienta de integración en el país".

Analizados por separado, ambos hechos pueden parecer gestos de apertura pastoral. Examinados conjuntamente y en su contexto histórico, revelan una lógica de fondo que merece análisis riguroso: la Iglesia asumiendo funciones estatales —provisión de vivienda, integración lingüística de migrantes— a cambio de reconocimiento simbólico, sin cláusulas de salvaguarda pastoral ni criterios de discernimiento explícitamente evangélicos. Las dos iniciativas son, en definitiva, dos caras de la misma dinámica: la integración funcional de la misión eclesial en la agenda política autonómica.

3. El marco jurídico superior: los Acuerdos Santa Sede–España de 1979

Cualquier protocolo entre una diócesis o conferencia episcopal y una administración pública española debe examinarse a la luz de los cuatro Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede firmados en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, que tienen rango de tratado internacional y prevalecen sobre cualquier normativa autonómica. Estos acuerdos constituyen el marco jurídico superior en el que se inserta el protocolo de la CET con la Generalitat.

El Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos (1979) reconoce a la Iglesia Católica "el derecho de ejercer su misión apostólica" y garantiza el "libre y público ejercicio de las actividades que le son propias". Establece explícitamente que, para determinar la capacidad de obrar de las entidades eclesiásticas y los límites de su facultad de disponer de sus bienes, "se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario". Esto es decisivo: la Generalitat no puede exigir ni interpretar unilateralmente las condiciones de uso del patrimonio eclesiástico al margen del derecho canónico. El convenio con la CET no puede, por tanto, ser interpretado como una simple cesión entre sujetos de derecho civil ordinario.

El Acuerdo sobre Asuntos Económicos (1979) establece en su artículo IV.1.B que las diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones gozan de "exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio". Sin embargo —y esto es capital para el protocolo firmado—, el mismo artículo precisa explícitamente que dicha exención "no alcanzará a los rendimientos derivados de su patrimonio cuando su uso se halle cedido". En consecuencia, si los inmuebles cedidos al Govern generan actividad económica asociada —gestión de viviendas en alquiler, por ejemplo—, los rendimientos derivados tributarán, lo que constituye una carga fiscal que el protocolo parece no haber considerado ni comunicado a los fieles. La Iglesia, al ceder gratuitamente el uso, podría estar asumiendo obligaciones fiscales sin contrapartida.

El Acuerdo sobre Asuntos Económicos también establece que la exención total del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se aplica únicamente "siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad"

La cesión de vivienda social administrada por el Govern podría no encuadrar en ninguna de estas categorías desde el punto de vista tributario estricto, lo que plantea interrogantes fiscales concretos que el protocolo silencia.

El marco de los Acuerdos de 1979 crea derechos para la Iglesia y también obligaciones de transparencia hacia la Santa Sede. Toda cesión de patrimonio significativo, como superar los límites de valor establecidos por la Conferencia Episcopal Española para la administración ordinaria, requiere, según el canon 1292 CIC, notificación o licencia previa de la Santa Sede. Este extremo no ha sido aclarado públicamente.

...


II. PROBLEMAS

4. Patrimonio eclesiástico: naturaleza teológica, tipología jurídica y opacidad verificable

El acuerdo patrimonial plantea un problema grave de transparencia y de prioridades pastorales que no puede resolverse con buenas palabras.

4.1. La naturaleza teológica del patrimonio eclesial

La Iglesia no posee bienes con lógica mercantil ni estatal. Los posee en cuanto medios ordenados a fines sobrenaturales. El Catecismo de la Iglesia Católica (2402-2406) enseña que la propiedad privada tiene función social, pero en el caso eclesial esa función está subordinada al culto divino, al sustento del clero y al apostolado.

El decreto conciliar Presbyterorum Ordinis (nº 17) dice que los bienes eclesiásticos "deben ser administradores según las normas del derecho canónico" y que la Iglesia debe evitar toda instrumentalización de sus recursos que oscurezca su fin espiritual propio. El código de Juan Pablo II da el principio supremo: salus animarum suprema lex (c. 1752 CIC)

Esta doctrina no prohíbe que la Iglesia use su patrimonio para fines sociales. Lo que prohíbe es que ese uso se realice sin que el criterio ordenador sea el bien sobrenatural de las almas y sin que los bienes mantengan su identidad de medios al servicio del fin trascendente. Una vivienda cedida a familias vulnerables es una obra de misericordia corporal; pero una vivienda cedida a la administración pública para que la gestione según sus propios criterios ideológicos, sin identidad eclesial visible ni salvaguardas pastorales, deja de serlo.

La distinción jurídico-canónica: cesión de uso o enajenación sustancial de facto
El protocolo firmado prevé cesiones de uso de hasta 99 años. Formalmente no hay transmisión de titularidad. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho canónico, conviene precisar la diferencia entre las figuras jurídicas:

a) Enajenación plena: transferencia definitiva del dominio, sujeta a los cánones más rigurosos

b) Concesión de uso prolongada: cesión del ius utendi sin transmitir la propiedad

c) Derecho real de superficie: constitución de un derecho real sobre inmueble ajeno para construir o rehabilitar

d) Comodato o cesión gratuita: préstamo de uso sin contraprestación, con obligación de restitución

Cuando la duración es prácticamente centenaria y afecta a bienes patrimonialmente significativos, varios canonistas consideran que puede existir una enajenación sustancial de facto, aunque no formal, dado que la disponibilidad real del bien queda comprometida durante una vida o más. Esta distinción no es tecnicismo menor: determina qué cánones son aplicables y qué órganos deben dar su consentimiento previo.

4.2. El marco del Código de Derecho Canónico

Las disposiciones canónicas más relevantes para este caso son:

a) C. 1254 CIC: "La Iglesia católica tiene derecho nativo, independientemente del poder civil, de adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines" como culto divino, sustentación del clero y apostolado, no la política habitacional de un gobierno autonómico

b) C. 1267 §3 CIC: "Las ofrendas dadas por los fieles para un fin determinado sólo pueden destinarse a ese fin." Si el patrimonio cedido es de donaciones históricas vinculadas a fines específicos —capillas, rectorías, obras pías—, el cambio de destino puede requerir dispensa y no se puede decidir unilateralmente.

c) C. 1277 CIC: Para actos de administración extraordinaria que afecten de modo notable al patrimonio de la diócesis, el obispo diocesano necesita oír al consejo de asuntos económicos y al colegio de consultores. Cuando el acto es de especial importancia, necesita también su consentimiento.

d) C. 1292 CIC: Si el valor del bien supera el límite mínimo fijado por la Conferencia Episcopal Española y requiere licencia de la Santa Sede, ningún obispo puede disponer de él sin ella. El protocolo no aclara si los bienes afectados superan o no esos límites.

e) C. 1295 CIC: Las normas sobre enajenación se aplican también "a cualquier negocio por el que la condición patrimonial de la persona jurídica pueda resultar perjudicada". Una cesión centenaria sin contraprestación puede encuadrar en esta categoría.

f) C. 1283 CIC: Antes de asumir la administración de los bienes, el administrador debe confeccionar un inventario exacto y detallado. No se ha publicado ninguno.

g) C. 1287 §2 CIC: "Los administradores rindan cuentas a los fieles sobre los bienes que éstos han dado a la Iglesia." Esta obligación es especialmente imperativa cuando el patrimonio procede de donaciones históricas de generaciones enteras de fieles.

Sin inventario publicado, sin valoración económica conocida, sin acreditación de los consentimientos requeridos y sin información sobre la comunicación a la Santa Sede, resulta objetivamente imposible verificar si estas exigencias canónicas se han cumplido. La cuestión no es la sospecha gratuita: es la necesidad objetiva de transparencia jurídica que los propios cánones imponen.

4.3. Las prioridades pastorales que el protocolo no menciona

Cabe plantear, con toda la sobriedad que el tema merece, si la cesión gratuita de patrimonio acumulado durante siglos responde a las prioridades pastorales más urgentes de las diócesis catalanas. En Cataluña, como en el conjunto de España, el número de seminaristas ha caído de manera sostenida en las últimas décadas; varias diócesis —Solsona, Urgell, Tortosa— acumulan parroquias sin sacerdote residente; la restauración de templos románicos y medievales de enorme valor espiritual e histórico requiere inversiones que las diócesis afrontan con creciente dificultad; y los movimientos de apostolado laical —que son los semilleros de vocaciones y de compromiso catequético— carecen en muchos casos de locales y medios básicos.

En este contexto, la decisión de ceder bienes "gratuitamente" —sin contraprestación económica, pastoral ni jurídica— merece, cuando menos, una explicación pública detallada que el protocolo no ofrece. La gestión directa a través de Cáritas Diocesana habría permitido destinar exactamente las mismas viviendas a los mismos colectivos vulnerables, manteniendo el criterio pastoral, la identidad católica explícita de la obra y la autonomía institucional frente a las políticas del Govern. Que esta opción no se haya considerado públicamente —o que, si se consideró, no se explique por qué se descartó— es en sí mismo un dato que los fieles merecen conocer.

5. Sinodalidad: el Pueblo de Dios ausente de sus propias decisiones

Una decisión que afecta al patrimonio donado por docenas de generaciones de fieles no puede tomarse sin su participación, so pena de contradecir el principio sinodal que los mismos obispos proclaman.

La sinodalidad —término técnico que designa el modo de caminar juntos de toda la Iglesia, laicos, consagrados y jerarquía, en el discernimiento y la toma de decisiones eclesiales— ha sido uno de los ejes del pontificado de Francisco desde la convocatoria del Sínodo sobre la Sinodalidad (2021-2024).

El concepto no es una retórica y vacía novedad posconciliar gesticulante: hunde sus raíces en la eclesiología de la Constitución Lumen Gentium (n.º 37), que reconoce explícitamente que "los fieles tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y posición, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia".

Este derecho está garantizado en el c. 212,3 CIC: los fieles "tienen el derecho de manifestar a los Pastores sagrados sus necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos"

Cuando las decisiones afectan a bienes donados por generaciones de fieles para fines espirituales concretos, la consulta no es mera cortesía pastoral: es expresión de la corresponsabilidad eclesial que el Magisterio reconoce

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium (n.º 104) recuerda que "en la Iglesia las funciones no implican superioridad de unos sobre otros" y que el sensus fidei del Pueblo de Dios es un criterio teológico real, no una concesión retórica a la democracia

La llamativa paradoja: en la misma reunión de Tiana, los obispos utilizaron la metodología de la Conversación en el Espíritu o herramienta sinodal por excelencia para reflexionar sobre los "elementos de esperanza" en la sociedad catalana.

Pero no hay constancia de que esa misma dinámica de discernimiento compartido se haya aplicado para deliberar sobre la cesión de bienes de enorme trascendencia histórica y patrimonial. La metodología sinodal se activa donde no compromete al poder institucional y suspenderse donde sí lo haría: hipocresía Jerárquica

Los fieles, verdaderos donantes morales y económicos del patrimonio que recibió la Iglesia y cuya gestión decide, NO han sido CONSULTADOS. Los consejos de asuntos económicos diocesanos no están mencionados en los comunicados. Los párrocos que conocen el estado real de cada inmueble tampoco. La decisión se tomó en los despachos del Palau de la Generalitat y se anunció a los medios con fotografías protocolarias. NO ES SINODALIDAD: es gestión jerárquica clásica con vocabulario sinodal de adorno: fariseismo hipócrita

6. La libertas Ecclesiae y principio de subsidiariedad

La colaboración Iglesia-Estado es legítima y deseable cuando respeta la autonomía recíproca; se vuelve problemática cuando convierte a la Iglesia en brazo funcional del Estado

La tradición canónica y el Magisterio conciliar han insistido siempre en la necesidad de preservar la libertas Ecclesiae —la libertad institucional de la Iglesia para cumplir su misión según sus propias normas internas— como condición de toda colaboración legítima con el poder civil

La declaración conciliar Dignitatis Humanae (nº 13) afirma que "la Iglesia reivindica para sí libertad como autoridad espiritual, constituida por Cristo el Señor, a quien, por divino mandato, incumbe el deber de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda creatura". Esta libertad no se agota en la esfera del culto: se extiende a la organización interna, a la administración del patrimonio y a la elección de los medios apostólicos

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (nº 185-188) recuerda igualmente el principio de subsidiariedad: el Estado no debe absorber las funciones de los cuerpos intermedios de la sociedad civil

Pero el principio tiene una doble dirección que con frecuencia se olvida:

"El Estado tampoco debe delegar estructuralmente en esos cuerpos intermedios responsabilidades que le competen financiar y gestionar a él"

La provisión de vivienda social y la integración lingüística de los inmigrantes son obligaciones del Estado bajo la acción de la Generalidad. Cuando este las externaliza —aunque sea con buenas intenciones— hacia la red eclesial, sin financiación adecuada ni garantías de autonomía institucional, no está aplicando el principio de subsidiariedad: está desplazando costes y responsabilidades hacia quien no tiene mandato de asumirlos, al tiempo que conserva la capacidad de dirección política. Y la Generalidad tiene un buen presupuesto anual: 44.000.000.000 de euros

La cuestión, formulada con precisión, no es si la Iglesia puede colaborar en vivienda social o en integración lingüística. La cuestión es si dicha colaboración mantiene la independencia estructural de la institución y su claridad identitaria como portadora de una misión trascendente que ninguna agenda política puede sustituir

7. El catalán como herramienta política: monolingüismo eclesial y dimensión litúrgica

El problema no es el catalán como lengua con raíces legítimas en la tradición eclesial: es la instrumentalización política de la Iglesia como agente gratuito de integración lingüística estatal.

7.1. Lo que la Iglesia ha hecho históricamente y lo que se le pide ahora

La relación de la Iglesia con el catalán es genuinamente histórica y merece respeto. Durante el franquismo, cuando el régimen perseguía "en parte" el catalán (yo mismo estudiaba el catalán en el colegio pero sin reconocimiento curricular, oía misas en catalán, y se imprimían libros en catalán), el catalán segúia en las parroquias, monasterios y publicaciones católicas —desde la abadía de Montserrat hasta la revista Serra d'Or, desde las ediciones bíblicas de la Fundació Bíblica Catalana hasta la catequesis en lengua vernácula— mantuvieron viva la lengua y la identidad de un pueblo. Esta memoria es real y la Iglesia tiene razón en honrarla.

Pero una cosa es honrar esa tradición y otra aceptar que la Iglesia se convierta hoy en instrumento de la política de "normalización" lingüística de un gobierno concreto. La diferencia es sustancial y debe nombrarse con claridad: en el franquismo, la Iglesia defendía la lengua contra el poder (pero lo toleraba en el ámbito privado-cultural); en 2026, se le pide que la promueva al servicio del poder nacionalista e izquierdista, como antes con Pujol y CiU. El conseller Vila apeló en Tiana a esa deuda histórica como argumento moral, y los obispos la reconocieron con razón, pero olvidando que Franco falleció hace 61 años, y por ello, tal "deuda histórica" ya está totalmente saldada (ignorando que Franco sí reconoció el catalán en su uso privado y público cultural). Lo que merece análisis crítico es si ese reconocimiento legítimo justifica la aceptación de un mandato político que excede el campo pastoral. Pasados 1.275 años del fallecimiento de Franco, ¿aún durará el francomodín?

7.2. Lo que el Magisterio establece

La Constitución Sacrosanctum Concilium (nº 36) permite el uso de la lengua vernácula en la liturgia "cuando ello sea de verdadera utilidad para el pueblo", pero el criterio es exclusivamente pastoral: comprensión, participación activa y edificación espiritual

La instrucción Liturgiam Authenticam (2001) prioriza las lenguas "más comúnmente habladas" en cada comunidad para evitar divisiones artificiales, y en territorios multilingües exige planes pastorales que atiendan la composición lingüística real de la feligresía

La instrucción Redemptionis Sacramentum (2004) advierte contra innovaciones litúrgicas que alteren la naturaleza del culto, subrayando que "la regulación de la sagrada Liturgia depende únicamente de la autoridad de la Iglesia" (c. 838 CIC), no de criterios políticos o administrativos externos

El decreto conciliar Christus Dominus (nº 11) recuerda que el obispo debe procurar que "los fieles de distintas lenguas, naciones o ritos sean atendidos convenientemente"

Aplicados a Cataluña, estos principios no avalan un monolingüismo eclesial uniforme "sólo catalán". La realidad sociolingüística de las parroquias catalanas es radicalmente heterogénea. En el área metropolitana de Barcelona y en comarcas como Baix Llobregat, Barcelonès o Maresme —donde reside la mayor parte de la feligresía activa—, el castellano es la lengua materna de una proporción muy significativa de católicos practicantes, llegados en las oleadas migratorias de los años 60-70 desde Andalucía, Murcia, Castilla y Extremadura y ya plenamente integrados en la sociedad catalana

A esto se suman los fieles llegados en las últimas décadas de América hispana, el África subsahariana francófona y de Europa del Este. En varias parroquias de barrios como el Raval, Nou Barris o L'Hospitalet de Llobregat, celebrar la misa exclusivamente en catalán no es un acto de integración pastoral: puede ser un obstáculo e impedimento a la participación activa que el Concilio Vaticano II ordenó promover

7.3. El problema de fondo: la asimetría política

La petición del conseller Vila —organizar cursos de catalán, crear "parejas lingüísticas" en Cáritas, promover el uso del catalán en comedores y servicios sociales eclesiales, especialmente entre migrantes y comunidades musulmanas— ahorra al Govern la contratación de docentes y técnicos de integración que, en justicia, le corresponde financiar.

Y lo hace mientras el mismo partido, el PSC, que gestiona el Ayuntamiento de Barcelona, aplica políticas de laicidad agresiva en la escuela pública, margina la presencia religiosa en el espacio común y trata la perspectiva confesional de los servicios sociales con recelo o indiferencia: se ríe en la cara del catolicismo con Santa Eulalia, la Virgen María de la Merced, la Semana Santa, ciertas tradiciones (Santa María de Gracia) y la Navidad. La Iglesia recibe elogios del conseller por su labor histórica y acepta asumir nuevas funciones estatales, sin mencionar públicamente estas contradicciones ni exigir reciprocidad en el reconocimiento del papel público de la Fé que conformó el Consell de Cent, la Diputació del General y la Casa Condal. Esta asimetría en las relaciones merece ser nombrada, sin acritud, con precisión: hipocresía farisaica del Ayuntamiento de Barcelona.

Además, el PSCE (y todos los partido de izquierda) no pide aún perdón por los crímenes de genocidio católico que hubo en Barcelona y Cataluña (Ayuntamiento y Generalidad de Companys de ERC) contra la Iglesia Católica durante la II República y la guerra civil de 1936-39: si alegamos a Franco (1936-1975), traemos también el genocidio católico republicano (1936-39).

8. El eslabón que une ambas iniciativas: una misma lógica

Los dos temas —patrimonio y lengua— pueden parecer independientes. No lo son. En ambos casos, la Iglesia asume una función que el Estado debería financiar por sí mismo, a cambio de reconocimiento simbólico y cordialidad institucional, sin garantías jurídicas de que ello no comprometa su misión específica.

En ambos casos, la decisión se toma sin proceso sinodal visible y sin criterios pastorales explícitos que la distingan de cualquier política pública.

En ambos casos, la Iglesia aparece en los medios al lado del gobierno, legitimando su agenda, y no en posición de interlocutor crítico que habla con autoridad propia desde el Evangelio. ¡La Iglesia legitima a un partido ateo que se hunde en la corrupción y a unas instituciones hostiles!

La exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI (1975) advertía con lucidez que "la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que se comprometen, su vida y el ambiente concreto que les es propio" (n.º 18).

La Iglesia que cede su patrimonio sin criterio evangélico documentado y que presta su red social para normalizar lingüísticamente a los inmigrantes no está primariamente evangelizando: está siendo incorporada funcionalmente al aparato del Estado.

III. CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS

9. Alternativas pastorales: lo que podría haberse hecho

La crítica sería incompleta si no se acompañara de propuestas alternativas concretas. Señalamos cuatro que habrían sido más coherentes con la misión eclesial y la tradición canónica:

a) Gestión directa por Cáritas con identidad católica explícita. Los mismos inmuebles podrían haberse destinado a vivienda social a través de Cáritas Diocesana o de fundaciones católicas de alquiler social —como existen en Alemania, los Países Bajos o Italia, con resultados probados—, manteniendo los criterios de selección de beneficiarios coherentes con la antropología cristiana, la autonomía frente a las políticas ideológicas del Govern y la visibilidad del testimonio caritativo de la Iglesia. Esto habría sido caridad genuina sin abdicación de identidad.

b) Acuerdos con cláusulas de salvaguarda pastoral. Si la colaboración con la Administración es la vía elegida, el protocolo debería incluir: la libertad de la Iglesia para mantener signos religiosos en los inmuebles cedidos; la exclusión de protocolos contrarios a la moral católica en los servicios asociados; el derecho de retorno anticipado del bien en caso de incumplimiento; la rendición pública de cuentas ante los fieles; y la notificación preceptiva a la Santa Sede cuando corresponda según los cánones 1292 y 1295 CIC.

c) Bilingüismo pastoral según la composición real de cada comunidad. La normativa del CIC y del Concilio avala un modelo en que cada parroquia adapte la lengua de la liturgia y los servicios a la composición lingüística real de su feligresía, sin imposición desde arriba y sin criterios políticos de "normalización". Esto no significa abandonar el catalán, sino no convertirlo en instrumento de ningún proyecto ajeno a la evangelización.

d) Consulta sinodal previa a decisiones patrimoniales significativas. Antes de firmar protocolos que afectan al patrimonio de diez diócesis y una unión de religiosos, la CET debería articular un proceso documentado de consulta a los consejos de asuntos económicos diocesanos, los consejos pastorales y los fieles a través de los canales institucionales establecidos. No es solo una exigencia jurídico-canónica: es una condición de credibilidad en un tiempo en que la propia Iglesia lleva años proclamando la sinodalidad como su modo preferencial de discernimiento.

e) Que el Ayuntamiento y la Generalidad pidan perdón por los crímenes de genocidio católicos durante la II Republica de 1936-39 cometidos por la izquierda y los nacionalistas. Además, debe de reconocer que el catolicismo ha formado parte de Barcelona y Cataluña desde el mismo Imperio Romano, Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea, hasta el día de hoy.

10. Los riesgos para el futuro: un horizonte escatológico

Las implicaciones de estos acuerdos no se agotan en el presente. Abren dinámicas que deben nombrarse con claridad, sin alarmismo pero sin ingenuidad.

El precedente patrimonial es el más visible. Una vez establecido el marco de cesión gratuita y de larga duración —hasta 99 años—, el paso siguiente será la presión para ampliar el número de inmuebles cedidos y, eventualmente, para discutir la titularidad misma. El patrimonio eclesiástico, una vez puesto en juego como moneda de cambio político, difícilmente recupera su estatuto de bien sagrado ordenado a fines trascendentes.

La dependencia institucional es más sutil pero igualmente grave. Una Iglesia que cede su patrimonio y su red social al servicio de la agenda del Govern se hace dependiente de la simpatía del gobierno de turno. Lo que hoy es cordialidad puede ser mañana presión o simplemente confiscación pura y dura: "La Iglesia es rica y se la puede expropiar", como hicieron los delincuentes ladrones liberales con la Desamortización de Mendizábal y otros crímenes.

La historia de la relación entre la Iglesia y el Estado en España durante los siglos XIX y XX —desamortizaciones, quemas de conventos, expropiaciones, concordatos con regímenes autoritarios, la guerra civil con destrucción, robo y genocidio masivo por ser la Igesia un "enemigo de clase"— enseña con dolorosa claridad que esa dependencia siempre resulta costosa para la institución eclesial. El poder político ha actuado como un vulgar criminal siempre envuelto por una bandera social o liberal.

La confusión de identidad es quizá el riesgo más profundo desde una perspectiva teológica. Si la Iglesia aparece en el espacio público principalmente como proveedora de vivienda social y academia de integración lingüística, los fieles —y especialmente los más jóvenes— tendrán dificultades para distinguirla de una ONG bien organizada o de un servicio del Estado con crucifijos en las paredes. La propuesta de vida evangélica, la proclamación del Evangelio sin vergüenza y la promesa de salvación eterna quedan difuminadas bajo capas de gestión social, protocolos lingüísticos y fotografías en el Palau de la Generalitat.

Además, alerta que la Iglesia es inmensamente rica al firmar el lujo asiático de estos protocolos asimétricos altamente perjudiciales, y habrán muchas dudas para marcar la X en el IRPF: "Son ricos, que se vendan patrimonio". Un grave error.

La dilución del fin sobrenatural es, en última instancia, la consecuencia más grave. La Iglesia no administra bienes temporales como fin en sí mismo: los administra en orden a bienes eternos. "No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura" (Heb 13,14), y el fin supremo de la Iglesia es la salvación de las almas (C. 1752 in fine CIC).

Y la Iglesia no exige la salvaguarda de los principios innegociables en la vida política: vida, familia y matrimonio, educación de los hijos por los padres y bien común. Finalmente, la Iglesia no proporciona ayuda para los verdaderos pobres objeto de preferente trato: los niños abortados, pues las madres no son ayudadas de manera prevalente.

Cuando la prudencia política eclipsa esta orientación escatológica —cuando el gestor patrimonial prevalece sobre el pastor de almas—, se produce lo que la teología tradicional denominaba una desproporción entre medios y fines: los medios temporales dejan de estar ordenados al fin eterno y se convierten en fines en sí mismos. Este es el riesgo teológico más serio que estos acuerdos plantean

IV. CONCLUSIÓN: EL JUICIO QUE IMPORTA

En febrero de 2026, la Conferencia Episcopal Tarraconense ha cedido patrimonio eclesiástico acumulado durante siglos y ha aceptado convertir parte de su red social en instrumento de la política lingüística autonómica. Lo ha hecho sin proceso sinodal visible, sin publicación de inventarios ni valoraciones económicas, sin acreditación de los consentimientos canónicos requeridos, sin cláusulas de salvaguarda pastoral y sin contraprestaciones que garanticen la libertas Ecclesiae. Lo ha hecho en un contexto de cordialidad política cómoda pero de declive sostenido de práctica religiosa, de vocaciones sacerdotales y de presencia pública del Evangelio en la sociedad catalana.

Desde la perspectiva de la tradición católica, el problema no es que la Iglesia colabore con la sociedad civil: es que lo haga sin los criterios que el Magisterio y el Derecho Canónico establecen, sin la corresponsabilidad del Pueblo de Dios que la sinodalidad exige y sin la claridad evangélica que distingue la caridad cristiana de la gestión burocrática.

La Iglesia no es una institución más del tercer sector: es sacramento universal de salvación, custodio del depósito de la fe y dispensadora de los sacramentos que conducen a la vida eterna. Cuando actúa como si lo olvidara —aunque sea por razones de prudencia táctica o de necesidad financiera—, no solo pierde autoridad moral: pierde la razón de ser que la distingue de cualquier otra organización benéfica.

Las preguntas que la tradición canónica y el Magisterio exigen responder son simples:

1. ¿Respetan plenamente las decisiones adoptadas las exigencias del Derecho Canónico y de los Acuerdos Santa Sede-España de 1979?

2. ¿Expresan auténtica sinodalidad —no retórica— con el Pueblo de Dios?

3. ¿Garantizan la libertas Ecclesiae frente a las presiones del poder civil?

4. ¿Permanecen inequívocamente ordenadas a la salvación de las almas como fin supremo?

5. ¿Reconoce el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña el genocidio cultural, cultual y biológico de la II República contra la Iglesia Católica y pide perdón por ello e indemniza y lo integra con actos públicos?

6. ¿Ayuda la Iglesia al único verdadero pobre con acción preferente y prevalente: el niño abortado y a sus madres?

7. ¿Promueve la Iglesia los principios innegociables en toda vida política: vida, familia y matrimonio, educación de los hijos por los padres y el bien común o doctrina social de la Iglesia; y reconoce que el catolicismo forma parte del ser de Barcelona y Cataluña?

8. ¿Denuncia proféticamente a todos los partidos que apoyan al gobierno Sánchez por su política de corrupción, ineficiencia y despilfarro?

9. ¿Qué han decidido en la CEE y en Roma: saben todo esta operación patrimonial y de política lingüística, han mirado la legalidad y pastoralidad, han comprobado la sinodalidad y participación de los laicos, se observa la salvación de las almas o la mercantilidad o tratos de favor político?


El juicio último sobre estas decisiones no será político ni mediático. Será teológico. Y ese juicio se medirá por un único criterio: si las decisiones contribuyeron realmente a la salvación de las almas y a la transparencia evangélica de la Iglesia en el mundo.

Como escribía el cardenal Newman —canonizado en 2019—, la Iglesia avanza en la historia no por negociaciones prudentes con el espíritu del tiempo, sino por el testimonio de quienes saben que hay verdades que no se ceden aunque cueste. La grandeza de la Iglesia no reside en su patrimonio ni en su red social: reside en su fidelidad al Señor que dijo: "El Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" (Mc 13,31).

A ustedes nada les va bien. La cuestión es incordiar y lucir su medalla a la constancia. Ni los laicistas pueden competir con su siembra de cizaña.

"Fortalecer la mirada lingüística en toda la actividad de la Iglesia, fortalecer el catalán dentro de la propia institución y fortalecer el papel de la Iglesia como herramienta de integración lingüística". Eso desea la Generalitat.
No se puede dar lo que no se tiene. La fortaleza se transmite desde una base firme. Y la Iglesia es débil. Quien es débil necesita ser fortalecido antes de poder ayudar a fortalecer.
El equilibrio interno de la Iglesia es frágil, y es lo que debe fortalecerse. Pues los débiles siempre se quiebran bajo presión.
El volumen de la feligresia catalana también está en mínimos. La Iglesia ya poco puede hacer para propagar el catalán.
La Generalitat una vez más se ha equivocado. Debiera haber convocado a los presidentes de los clubes de fútbol. En ese ámbito si que hay que mucho juego y campo para extender el catalán.

La iglesia Catalana sirve al Diablo y sus secuaces separatistas por más señas. Es la típica Iglesia que mira de no enfadar a las mayorías sin hablar del Diluvio y sólo pregonando amoríos.

El Bon Cop de Falç como.Canto de Entrada.

La Iglesia está para adoctrinar y hacer proselitismo.

Esa es su misión, mandada por Dios y seguida por sus Apóstoles.

Que el eutanasico Illa y sus secuaces, monten su oficina de normalización lingüística y nos dejen a los Católicos de verdad en paz.

Buena manera de empezar la cuaresma, tragando el sapo de un grupo de purpurados con formación a la violeta. He pasado el día entero mordiéndome la lengua, mortificado como conviene al tiempo litúrgico que hoy incoamos.
Aunque se me agolpan vergüenzas y desvergüenzas de ese grupo de narcisos en flor, pugnaré por evitar lo que a alguien pudiera parecerle ad hominem. Por ejemplo, por único ejemplo, el del convocante. Dice su currículo que hizo la tesis sobre los manuales de eclesiología españoles. No lo iba a hacer sobre la eclesiología de Ratzinger, de Rahner, de Kung, que tendría que leer en versiones traducidas. Pero al abrir el manual pasó por alto el capítulo de las notas de la Iglesia, esa tétrada que cantamos en el Credo: Unam, Sanctam, Cathlicam et Apostolicam Ecclesiam. San Pablo se dedicó a los gentiles tras la cerrazón de quienes creían que bastaba con el resto de Israel.

Los obispos han traducida catholicam, en particular el convocante de cuyo sectarismo separatista "estem fins als nassos", por "catalaunicam". La mayoría, la inmensa mayoría de los fieles no es catalanoparlante. Pero esos narcisos en flor quieren que dejen de rezar en la lengua de su madre para que aprenda idiomas. Quien haya vivido temporadas en Oxford, asistido a la Iglesia de san Gregorio y San Agustín, habrá rezado en latín y en inglés, pero al hacerlo en inglés pensaba en castellano. ¿Han oído el pare nostre esos narcisos en flor en la Santa Misa? Si prestan oídos atentos escucharán que los fieles, en su mayoría, lo rezan en castellano, eso sí en voz baja y como avergonzados. Narcisos en flor.
No voy a insistir en lo vergonzoso de la imagen. Tres políticos de escaso nivel académico presidiendo la "mesa" de unos narcisos en flor sonrientes y como estólidamente trasnportados.

Flaco favor hacen a la Iglesia, a Cristo su fundador, entregando al poder civil el pan de los pobres que ellos deben dispensar. No han tenido bastante con ver cómo las jornadas contra el hambre, manos unidas y otras similares, encomendadas a fieles se apropian los políticos de su éxito como si hubieran sido los departamentos sociales de ayuntamientos y autonomías quienes los dirigen y ordenan. En las puertas de Mercadona he visto siempre a fieles de mi parroquia recogiendo alimentos que luego el alcalde se apropia en beneficio de su partido. Narcisos en flor y necios a un tiempo. Hay que hacer el bien sin mirar a quien, cierto, pero no hacer el bien y encima ser hostigado, despreciado. Estamos sobrados, estamos hartos de narcisos en flor. Omella abrió la senda presentando como héroe al mayor enemigo de la Iglesia durante la Segunda República fautor de las leyes más anticristianas. Pero es que Omella es un ignorante acabado. Dígase lo propio de Planellas, que bendijo el triaje de la Generalidad porque procedía de la Generalidad. Cuando uno era crío a esos personajes les llamaban en la Garrotxa "un tóful". Nunca entendí exactamente el campo semántico del vituperio. ¿Sería algo así como narciso en flor?

No sería mejor predicar la Palabra, sea en el idioma que sea, y que el que quiera aprender que se apunte a clases de idiomas, que según tengo entendido no es el motivo por el que la gente va a misa.

Por comparar, en la Catedral de Cristal (California) los domingos se celebran tres misas en inglés, cuatro en vietnamita, tres en español, y una en mandarín.

Por seguir comparando, a partir del s. XVI en América se empiezan a publicar gramáticas de nahuatl, guaraní, etc., porque se veía más efectivo evangelizar en lengua vernácula.

Que sigan con la matraca lingüística, que lo que van a seguir logrando es que las iglesias sigan igual de llenas y los hispanoamericanos sigan cayendo en brazos de las sectas evangélicas, donde al menos les hablan en su idioma.

Esta tarde a mi parroquia ha llamado un señor para preguntar por lo de la cesión de inmuebles a la Generalidad, porque en su testamento dispone que el día que fallezca dos de sus pisos pasen a la parroquia, pero que ante la noticia quiere más información, porque si se confirma, cambiará su testamento. Se le ha remitido al obispado. Da que pensar. Yo haría lo mismo.

Vergonzoso!!!
Pero que numerito es este! Se están cogiendo a un clavo ardiendo.
Que se dediquen a sus diócesis, a sus sacerdotes, sus fieles o los que quedan.
Qué numerito es este de pedir que nos impliquemos más en la defensa del catalán? Por favor… más?????
Tenemos un problema con algún arzobispo que se encuentra más a gusto con el President que con sus sacerdotes y sus fieles y parece que ahora le gusta hacer más política que antes.
La defensa del català, la cessió d’edificis a la Generalitat…. Pero que es esto, hacia donde va nuestra iglesia catalana, quieren una conselleria?
Preocúpense de las almas, de los sacerdotes, de la pastoral y no se metan en tierras movedizas o patirem tots

https://gaceta.es/espana/el-ayuntamiento-de-barcelona-se-vuelca-con-la-islamizacion-promueve-el-ramadan-el-dia-que-empiece-la-cuaresma-20260218-1612/
Cap problema!!! Tots aquests a qui tant cuidem parlen tots català

Lo que vamos a oír será "El Canto del Cisne" de tan profundo es el desaguisado creado por el "espíritu del concilio"+nacional-progres+liberales

No sé de qué diócesis son ustedes.
En la mía las misas son en catalán y así deberán seguir siendo porque es nuestra lengua materna y, como.alguno dice por aquí, hay que rezar en lengua materna. Només faltaria!

En fin, la Iglesia seguir queriendo perder fieles y más interesada por dar el gusto al nacionalismo que por hacer apostolado. Si tuviéramos todavía la misa tridentina en latín eso nos ahorraríamos.

Ésto que han hecho, es tirar a los cerdos miles de perlas, como lo dice el Evangelio y lo canta la Shakira.

Pues si!

¿Y no sería mejor más implicación para fomentar el CATOLICISMO ?